México, 7 de julio de 2025 ::: A lo largo de una década, Edgar Veytia, exfiscal general del estado mexicano

de Nayarit, pasó de ser un funcionario público con fama de justiciero a convertirse en un símbolo de la colusión entre el poder estatal y el crimen organizado.
 Durante su gestión, Veytia —conocido como El Diablo— no solo protegió cárteles, sino que construyó una red de represión y corrupción con apoyo policial, recursos públicos y un sistema judicial doblegado. Las consecuencias de su actuar aún afectan a las víctimas y alimentan una cultura de impunidad que erosiona el Estado de derecho en México.

::: El funcionario que se convirtió en engranaje del narco
Un reciente reportaje de Los Ángeles Times señala que Veytia amasó propiedades, vehículos y riqueza mediante sobornos de cárteles, al tiempo que utilizaba a la policía estatal como fuerza de choque para ejecutar torturas, secuestros, despojos de bienes y asesinatos selectivos.
En lugar de combatir al crimen, su fiscalía permitió que un grupo delictivo —afín a sus intereses— se impusiera sobre sus rivales. Esa “pax narca” no detuvo la violencia; la reorganizó. Grupos enemigos fueron exterminados o expulsados, el tráfico de drogas creció y la autoridad pública quedó subordinada a intereses mafiosos.
Veytia encarnó un tipo de poder informal que, según expertos citados por el medio estadounidense, evidencia la fragilidad del sistema mexicano: un funcionario estatal con facultades legales, cooptado por el crimen, capaz de gobernar como señor de horca y cuchillo.

::: Un sistema de justicia paralizado
La carrera de Veytia fue posible gracias a su alianza con el entonces gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, hoy detenido por corrupción. Ambos consolidaron un modelo de control vertical, donde la Fiscalía, la policía y el poder político respondían a una misma lógica: rentabilizar el crimen organizado.
Ese esquema no fue un caso aislado. Como lo señaló el académico Guillermo Garduño al LA Times, Veytia es “un ejemplo claro de que en México, crimen organizado y clase política muchas veces son lo mismo”.
Los efectos fueron inmediatos. Nayarit, un estado de 1,2 millones de habitantes, vivió una transformación abrupta: pasó de ser un enclave costero turístico a convertirse en zona estratégica para el trasiego de drogas, atrapada entre las rutas de los cárteles de Sinaloa y Jalisco.

En la capital, Tepic, se reportaron cuerpos colgados de puentes, asesinatos diarios y formas de violencia particularmente crueles. Veytia reconoció en juicio que, durante su mandato, los cadáveres eran desmembrados y depositados en latas con granos de maíz, en una macabra alusión al tradicional platillo mexicano, el pozole.

::: De fiscal a informante del gobierno de EEUU
El mito del fiscal incorruptible colapsó en marzo de 2017, cuando fue arrestado por agentes federales estadounidenses en la frontera de San Diego. En 2019, Veytia se declaró culpable de narcotráfico. Según el medio antes citado, su colaboración con fiscales de Nueva York fue decisiva en el caso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado a 38 años por nexos con el Cártel de Sinaloa.
Durante ese juicio, Veytia aseguró que recibió instrucciones de un exgobernador de Nayarit para proteger a los operadores de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que tales órdenes provenían de Felipe Calderón y del propio García Luna. El expresidente negó de inmediato tales señalamientos, y nunca fue imputado.
Gracias a su cooperación, Veytia obtuvo una reducción de condena: salió libre en febrero de 2025 tras cumplir menos de ocho años. Aunque el gobierno mexicano ha solicitado su extradición por cargos de tortura, secuestro y desaparición forzada, Veytia reside actualmente en el noreste de Estados Unidos.

::: Víctimas buscan justicia desde el exilio
Pese a su liberación, las secuelas de su paso por el poder no se han cerrado. Cinco familias de Nayarit interpusieron en junio una demanda civil contra Veytia ante una corte federal de Washington, D.C., bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de 1992. De acuerdo con Los Ángeles Times, los demandantes afirman haber sufrido tortura, amenazas de muerte y extorsión bajo su mandato.
Entre ellos está Gerardo Montoya, quien relató que en 2016 fue interceptado por policías estatales, golpeado y llevado ante Veytia, quien lo obligó a firmar la cesión de su propiedad. Su esposa, Yadira Yesenia Zavala, asegura que fue acosada sexualmente y presionada para entregar las escrituras. “Si hablas, estás muerto”, fue la advertencia final que, según Montoya, les dio Veytia.
Otro caso es el de Yuri Camacho Vega, exagente estatal que denunció el uso de la policía para proteger a un grupo delictivo. Tras regresar a Nayarit, fue detenido, torturado y obligado a pagar 1 millón de pesos para que su denuncia desapareciera. Según su testimonio, fue víctima de simulacros de ahogamiento y recibió amenazas contra su familia.

El abogado de Veytia, Alexei Schacht, calificó las acusaciones como “extorsión” y aseguró que los denunciantes “mienten”. “Mi cliente cometió crímenes terribles, pero ya pagó su deuda en una prisión de máxima seguridad y ahora intenta rehacer su vida”, declaró al mismo medio. El caso Veytia es emblemático no solo por la magnitud de sus crímenes, sino porque muestra cómo las instituciones —fiscalía, policía, gobernación— pueden ser instrumentalizadas para facilitar el control criminal de un territorio.
Durante su testimonio, Veytia reconoció haber recibido cerca de 1 millón de dólares en sobornos, además de relojes de lujo y otros favores de los cárteles. Admitió también ser responsable de al menos diez asesinatos y decenas de torturas cometidas por su aparato policial.
Expertos coinciden en que el hecho de que tantos exfuncionarios mexicanos —de fiscales a secretarios de Estado— enfrenten cargos judiciales solo en Estados Unidos, y no en su país, es indicativo de una crisis estructural en el sistema de justicia mexicano.