Ciudad de México, México, 12 de marzo de 2026 ::: Ante los recientes hechos de violencia en planteles,

la diputada Rebeca Peralta León presentó una iniciativa para establecer la responsabilidad penal de madres, padres o tutores cuando, por negligencia en el resguardo de armas de fuego, los menores tengan acceso a ellas.

 Durante la Sesión Ordinaria del órgano legislativo capitalino, la legisladora explicó que su propuesta tiene como objetivo fortalecer la prevención de la violencia en los entornos escolares, así como establecer con claridad la responsabilidad parental cuando hijas, hijos o menores bajo tutela porten armas de fuego. Asimismo, destacó que la iniciativa se enmarca en la necesidad de garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“La niñez y la juventud de la ciudad merecen escuelas seguras. Merecen cargar en sus mochilas libros, cuadernos, sueños y proyectos de vida, y no miedo ni violencia. Protegerlos no es sólo una responsabilidad institucional; es una obligación moral con el presente y el futuro de la Ciudad de México”, enfatizó.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) precisó que la iniciativa propone adicionar el Artículo 251 Bis al Código Penal de la Ciudad de México, el Artículo 9 Bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México y el Artículo 48 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local.
En tribuna, la legisladora recordó un hecho reciente que generó alarma en la comunidad educativa, cuando un adolescente ingresó con un arma de fuego a la Escuela Secundaria No. 15, ubicada en la colonia Santa Catarina, en la alcaldía Azcapotzalco. El incidente provocó temor e incertidumbre entre estudiantes, docentes y familias.
“Estos hechos obligan a reflexionar sobre cómo es posible que un menor tenga acceso a un arma de fuego. Cuando un arma llega a las manos de una niña, un niño o un adolescente no se trata de un simple descuido, sino de una señal clara de que falló el entorno que debía protegerlos”, puntualizó.
Peralta León señaló que al establecer la responsabilidad parental cuando menores porten armas, también se envía un mensaje claro de que la seguridad en las escuelas comienza desde el hogar, con el compromiso de madres, padres y tutores en el resguardo responsable de estos artefactos.
En materia educativa, la propuesta también contempla reformas a la Ley de Educación capitalina para crear un protocolo de seguridad escolar ante la portación de armas, con el fin de que las autoridades educativas puedan actuar de manera inmediata y coordinada para proteger a la comunidad escolar.
Por otro lado, las modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad buscan garantizar que cualquier situación en la que se vea involucrado un menor sea atendida bajo un enfoque de protección integral de derechos, privilegiando la orientación, el acompañamiento y la prevención.
La diputada subrayó que diversos estudios advierten que la violencia en los entornos escolares sigue siendo una problemática relevante. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, cerca del 28 por ciento de adolescentes ha reportado haber sido víctima de acoso escolar, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y atención.
En ese contexto, reiteró que niñas, niños y adolescentes no deben ser considerados como el problema, sino como sujetos de derechos que requieren protección, guía y entornos seguros para su desarrollo.
“Las escuelas deben ser espacios de confianza, lugares donde la infancia y la juventud puedan aprender, descubrir el mundo y construir su futuro. Cuando la violencia entra por la puerta de un plantel educativo no sólo se rompe la tranquilidad, también se debilita la confianza de toda la comunidad escolar”, concluyó.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva del Congreso capitalino a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.