Ciudad de México, México ::: 26 de marzo de 2026 ::: La diputada impulsa cambios legales para que el Plan General

de Desarrollo incorpore de forma obligatoria el análisis de riesgo sísmico. La iniciativa surge tras detectarse omisiones técnicas en el proyecto actual presentado por el Instituto de Planeación de la capital.

 Recordó que la versión actual del instrumento de planeación que regirá el desarrollo de la Ciudad para los próximos 20 años no integra de forma estructural ni vinculante la sismicidad dentro de sus ejes de planeación, lo que deja a la ciudad en una condición de vulnerabilidad.
“El problema no es que no se haya mencionado, es que no se volvió obligatorio ni vinculante, entonces un instrumento de planeación rector omite uno de los mayores riesgos que tiene la Ciudad y sigue planeando para reaccionar y no para prevenir; eso es lo que queremos cambiar”, sostuvo.
La propuesta propone reformar la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para establecer que el riesgo sísmico sea un criterio transversal y obligatorio en todos los instrumentos de planeación, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Además,  se busca cerrar la brecha entre el diagnóstico técnico y las decisiones de política pública, obligando a que cualquier proyecto de ciudad considere las condiciones del subsuelo y la exposición al riesgo.
“Lo que no es obligatorio, en la práctica no existe, entonces, si no lo están considerando en el Plan General de Desarrollo, nosotros estamos proponiendo que se incorpore a la Ley de Gestión Integral de Riesgos. Es un tema demasiado importante que no puede pasar inadvertido”, refirió.
Afrimo que , uno de los ejes centrales de la propuesta es la implementación de evaluaciones estructurales preventivas, es decir, revisiones técnicas a edificios antes de que presenten fallas visibles, con base en factores como antigüedad, ubicación y tipo de construcción.
También, propone el uso obligatorio de la microzonificación sísmica y la colaboración con instituciones académicas para actualizar criterios técnicos, con el objetivo de alinear la política pública con la evidencia científica.
Además, plantea que los estudios sísmicos y evaluaciones estructurales se integren de manera sistemática al Atlas de Riesgos, para que la información técnica no quede dispersa y pueda ser utilizada en decisiones reales de planeación.
“Prevenir no puede depender de la buena voluntad, tiene que estar en la ley. Con el actual Plan General vemos que no hay voluntad de incluir la sismicidad, pero nosotros no podemos resignarnos a que se olvide una necesidad tan importante como ésta”, enfatizó.
Garza de los Santos dijo que, la iniciativa también establece que estas acciones deberán priorizar inmuebles estratégicos como hospitales, escuelas y edificios con alta concentración de personas, especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad sísmica.
Destacó que la propuesta no busca crear nuevas estructuras, sino hacer exigible lo que hoy es sólo diagnóstico, integrándolo de forma clara en el marco legal“Ya sabemos dónde están los riesgos; lo que falta es que la ley obligue a actuar en consecuencia”, concluyó.