Estamos a unos cuantos días de que se lleven a cabo los comicios de 2021, en el que se disputarán el mayor número de cargos de elección popular en la historia del país, lamentablemente también se han presentado el mayor número de incidentes violentos en contra de candidatos y sus equipos de

campaña. Según la consultora privada Etellekt, desde septiembre del año pasado que inició el proceso electoral, 89 políticos han sido asesinados, de los cuales son 35 candidatos, al tiempo que se han registrado 782 agresiones entre palizas, amenazas y secuestros.

La violencia en las elecciones es un abierto atentado contra la democracia y la libertad. Ha sido la forma en la que el crimen organizado incide e influencia las tendencias electorales al tiempo que, a través de la coerción ilegal, obtienen cierto control de las personas que dirigen las instituciones gubernamentales, con la única finalidad de preservar sus perniciosos intereses y conservar sus funestas prácticas.

El destino de la República está en juego, no sólo por las implicaciones políticas que, tanto unos como otros candidatos y posturas encontradas, se han esmerado en precisar, detallar y exacerbar, sino por los ominosos intereses que pretenden apoderarse de las instituciones gubernamentales; criminales organizados que no son otra cosa que el predominio de la ilegalidad y la barbarie, sobre el deseo y añoranza mayoritarios de paz, desarrollo y —sobre todo— libertad.

Además de la cuestión política relacionada con la diatriba y el debate, hoy las instituciones están en riesgo más por el poder e influencia del crimen organizado que por las ideologías rancias y anquilosadas de los políticos.

Los criminales se han apoderado de comunidades completas, de su economía y supervivencia; de su modo de vida y costumbres que, paulatinamente, han ido corrompiendo para utilizarlas como medios coercitivos para obligar a que se vuelvan sus guaridas, fortificadas con la vida y libertad de las personas en las comunidades. Los criminales se adueñan de la vida y actuar de las personas más vulnerables y depauperadas. A la par los niños y jóvenes observan en los mafiosos modelos a seguir e imitar; privilegian el poder de las armas y el dinero rápido sobre su propia vida, todo bajo el lema de "morir jóvenes a cambio de una vida corta de poder y dinero".

En esta elección no sólo está en juego la prevalencia del sistema de representación política y democrática; también lo está la vida republicana entera, sobre todo si consideramos que el fin originario del Estado es, precisamente, brindar la seguridad necesaria para que las personas desarrollen su vida en libertad; lo que está en riesgo a consecuencia de la imposición de intereses sectarios y criminales, como ocurre actualmente en el país.

La parte fundamental del desarrollo sano del Estado Mexicano es, sin duda, preservar el marco jurídico y el estado de derecho, si este se transgrede y corrompe sin que las instituciones actúen para preservarlas, condenamos a la gente a vivir en la barbarie. Hoy el reto de la elección no sólo es que se desarrolle en libertad y con seguridad, sino que quienes sean electos estén blindados y su seguridad garantizada para que, efectivamente, se comprometan a combatir frontal y decididamente al crimen, sus intereses y sus nefastas formas de operar y someter a la población.

@AndresAguileraM