Esta semana inició el mes de febrero y dio comienzo formalmente el proceso de sucesión del ejecutivo federal.
El cinco de febrero, fecha oficial en la que se conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ocupado por el Presidente de la República para anunciar una serie de iniciativas de reforma constitucionales cuyo propósito, a juicio del propio titular del Ejecutivo, es reivindicar el espíritu social de la Constitución y desterrar aquellas reformas impopulares, neoliberales y neoporfiristas que —a su juicio— le “han hecho mucho daño al pueblo de México”.
Son 20 iniciativas de reforma al texto constitucional que atienden diversos temas, todos ellos sumamente polémicos, que pretenden atender temas como: la elección directa de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal; reducción de salarios de los altos funcionarios públicos; salario mínimo garantizado por encima del índice inflacionario; pensiones a cargo del erario del 100% del salario recibido; privilegiar la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad, a cualquier otro ente que la genere; reducir gastos de campaña, número de integrantes del Congreso de la Unión y desaparecer los plurinominales; reducir el número de regidores en los cabildos; la extinción de organismos autónomos; elevar a rango constitucional todos los programas sociales; crear un seguro de desempleo; hacer que la Guardia Nacional forme parte de las Fuerzas Armadas y dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional; prohibir el consumo de maíz transgénico y el uso del fracking; entre otras que, de alguna manera, han sido mencionadas durante las conferencias mañaneras.
La realidad, más allá de un intento por consolidar un proyecto político, la presentación de esta batería de iniciativas implica una muy audaz y connotada estrategia político electoral, para centrar el debate en ellas, lo que implica, necesariamente, mantener en el ambiente público y, consecuentemente, en las campañas electorales, esos temas que implican el interés y la vinculación de la ciudadanía en el debate político nacional.
Al final del día, es sabido que esas iniciativas deben de ser analizadas a profundidad y que, por la trascendencia de los temas que implica, la oposición difícilmente podrá atenderlas todas; por el contrario, en razón de la inviabilidad de la mayoría de ellas, es prácticamente un hecho que se opondrán a su aprobación en los términos propuestos, lo que hará que todos los implicados en el tema —llámense legisladores, candidatos y actores políticos— habrán de mostrar su postura, lo que servirá de ariete para exhibirlos en la población que sigue hábida de reivindicaciones.
De este modo, si las iniciativas son aprobadas, será un triunfo de Morena y sus aliados, que habrán actuado a favor del pueblo, en tanto que, de ser rechazadas, será por la mezquindad de una oposición que desea “conservar sus privilegios y seguir fastidiando al pueblo”, como lo afirma cada mañana el Primer Mandatario en sus conferencias.
Así, una ceremonia institucional, que debiera llamar a la conciliación y a la unidad nacional, se transformó en una fecha en la que se consolida una estrategia político-electoral, perfectamente estructurada y meditada, a fin de garantizar ganar el mayor número de escaños en el legislativo, así como la titularidad del Ejecutivo Federal, y las gubernaturas que están en disputa en este complejo 2024.
La realidad es que, ante una estrategia tan bien planeada y estructurada, debiera corresponderle una oposición igualmente audaz y hábil, que supiera corresponder en la misma condición y circunstancia; sin embargo, ello no se vislumbra en el escenario, por el contrario, todo parece indicar que, de una forma u otra, habrán de caer, nuevamente, en el juego que se les impone desde Palacio Nacional. Veamos como reaccionan. Inicia la carrera…
@AndresAguileraM