En 2015 el juez Francisco Migoni Goslinga, director general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal
(CJF), las tres veces que fue consultado sobre el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostuvo que nada podía justificar su incumplimiento. “No existe ninguna excusa para que no se cumpla”, repetía. Estaba en lo correcto, la obligación del juzgador a resolver la situación jurídica del detenido en las 72 horas que establece dicho precepto.
Eduardo Torres Carrillo, entonces juez del Juzgado Primero de Procesos Penales, violó el artículo, como lo describe la Recomendación 27/2013 de la CNDH. Hubo queja en la Judicatura y, en vez de ser sancionado, fue ascendido a magistrado y enviado a Tamaulipas.
Cuando el juez Migoni se enteró, lamentó que no le hubieran alertado con oportunidad de esta situación. El afectado le explicó que prefirió reservarse porque el oficio que justificaba la actuación del juez estaba firmado por el ministro Luis María Aguilar quien presidía la Suprema Corte y la Judicatura. Al escuchar eso, Migoni cambió de opinión y avaló lo firmado por su jefe.
El jefe siempre tiene la razón.
Por el cúmulo de trabajo que hay en la presidencia de la Judicatura y en la presidencia de la Corte, humanamente es imposible que el titular de ambas pueda revisar como quisiera todos los documentos.
Se ve obligado a confiar en quienes le prepararan acuerdos y oficios. Se corren riesgos y es ahí donde está el punto de quiebre.
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@zarateaz1
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