Para defender el derecho humano al agua, la Constitución Política de la Ciudad de México debe consagrar en su texto la prohibición explícita a todo intento privatizador en el manejo y gestión del vital líquido, demandó la diputada de Morena Aleida Alavez
Ruiz.
La diputada llamó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al grupo redactor de la Constitución Política de la Ciudad de México incluir en el proyecto de redacción, la prohibición de privatizar en todos y cada uno de sus procesos posibles de manejo y gestión del agua. Es decir, extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas como garantía del derecho humano al agua.
Alavez Ruiz adelantó que en la sesión de mañana de la Diputación Permanente presentará un punto de acuerdo en el que convoca a todos los involucrados a defender el derecho humano al agua, consagrado ya en nuestra Carta magna.
Esta solicitud, explicó, es para atajar cualquier intento privatizador como el vivido entre febrero y abril del año pasado en la LXII Legislatura federal, cuando se intentó sorprender con una Ley General de Aguas que privilegiaba concesionar todo el proceso de gestión y administración del agua por 30 años, que podrían ser prorrogables.
En esta iniciativa, recordó, sólo les faltaba privatizar el agua de lluvia. No se evaluaba la disponibilidad del recurso en la cuenca, la existencia de estrés hídrico o impacto ambiental y social, además de permitir las transferencias de las concesiones, las herencias y otras curiosidades en favor del capital privado.
Entre los efectos que una privatización traería a la Ciudad de México, mencionó la desproporcionada elevación de las tarifas que tendría que pagar el consumidor, la desaparición de la condonación del pago del servicio de agua potable y a la sequía a la que se condenaría a los habitantes de las zonas donde tradicionalmente escasea el vital líquido, como Iztapalapa.