Con la aprobación unánime de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México que presentó el jefe de Gobierno, y la modificación a otros ordenamientos
complementarios, se garantizará una política integral de protección a víctimas del delito, mediante un modelo reactivo y transformador, señaló la diputada Elizabeth Mateos.
Dijo que el nuevo ordenamiento protegerá los derechos de las víctimas de delitos, mediante un esquema que acentuará el trato digno, sensible, digno y para impedir violaciones a sus derechos humanos en los procesos judiciales hasta la afectiva reparación del daño.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, abundó que habrá un acceso efectivo a la justicia con la atención a necesidades específicas de las víctimas, como su grado de alfabetización, limitaciones visuales, auditivas o cualquiera otra que requiera traductores o intérpretes.
La víctima gozará, en todo momento, de salud y una asistencia social adecuada, además de condiciones de seguridad y dignidad para no ser objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas; se garantizará también el principio de confidencialidad y la secrecía de los procedimientos.
La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática señaló que la Ley de Víctimas se acompaña de reformas a diversos artículos de las leyes Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y Para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares, ambas del Distrito Federal.
Así, comentó, se atienden las obligaciones del sistema coordinado de la Ley General de Víctimas y consolida un sistema congruente con la Constitución local, en materia de derechos humanos, atención integral y de prevención con la que se evite la repetición de transgresiones, en concordancia con el modelo de justicia restaurativa.
El enfoque de la norma es transformador, aseguró, ya que busca trascender a la adopción de un mecanismo de trámites individuales para que, a partir de los planes de reparación que se adopten, se desarrolle una política más amplia e integral que incida en la transformación de las causas estructurales de victimización.
Mateos Hernández presidió la Comisión Dictaminadora y dijo que el proceso se nutrió de experiencias, buenas prácticas y oportunidades identificadas para una institucionalidad sólida y funcional a favor de las víctimas de delitos en la capital del país.
El dictamen aprobado fue presentado por las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Administración y Procuración de Justicia, en cuyo proceso de aprobación del dictamen se integró el reconocimiento de los derechos sustantivos de las víctimas y los principios rectores en la materia, características y disposiciones del modelo de atención integral a las víctimas, disposiciones orgánicas y de funcionamiento institucional e interinstitucional, previsiones presupuestarias y las responsabilidades de servidores públicos obligados en su cumplimiento.