Polí­tica Nacional

Deja abierta la puerta el político a una posible candidatura a la gubernatura.
ACAPULCO, Guerrero.- Sin dejar de lado el dolor que sentía por el asesinato de su sobrino a manos del crimen organizado, Felix Salgado Macedonio, abrió la posibilidad de aceptar una posible candidatura a la gubernatura de Guerrero, al término del mandato de Ángel Aguirre Rivero.
“Si la gente me lo pide, lógicamente lo aceptaría, pero ahorita es muy prematuro hablar de ello, ahorita no es momento de tocar ese tema”.
TRAGEDIA

En el marco del evento llamado “Guerrero Unencanto” se presentó el ex diputado federal, visiblemente consternado por la ejecución de su sobrino Justino Carvajal Salgado, quien fuera síndico del Municipio de Iguala, habló sobre el tema.
“Vengo de una situación difícil, complicada, sí la saben ¿verdad, están enterados? Vengo de Iguala, pues es un hecho lamentable y estamos en el sepelio cuando una de mis hermanas, una más poquito mayor que yo se puso mal y le dio un infarto cerebral entonces la tengo en el hospital. Sin embargo, el político guerrerense advirtió que este tipo de actos no son suficientes para hacerlo acobardarse.
“Me siento como que está muy difícil en estos momentos pero yo no me rajo, esto nada más se pospone”, dijo así haciendo alusión al evento en el que ya estaban las agrupaciones musicales listas para alegrar a los asistentes a una fiesta que quedo en pausa.
Por último, el candidato señaló que buscará hacer llegar a las autoridades correspondientes su propuesta de seguridad la que está basdada en cambiar balas por educación, musica y empleo para que de esta manera no haya espacio a los malos pensamientos.
Rafael González Nava, enviado

Apertura del 100% a la Inversión Extranjera Directa en telecomunicaciones y de 0 a 49% en radiodifusión.

La iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones propone la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que estará facultado para licitar, negociar y quitar concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones.

Carlos Romero Deschamps tiene pendientes varias acusaciones, entre ellas la AP1072/DDF/2004 en la PGR y la FDF/T/T1/467/06-06 en la PGJDF, por lo que la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), demandaron tanto al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam como al fiscal capitalino Rodolfo Ríos Garza, desempolven dichas averiguaciones para fincarle responsabilidades penales por la comisión de diversos ilícitos.

La iniciativa de telecomunicaciones “es mucho más que una prueba de fuego para el Gobierno federal. Aquí es donde las palabras se tendrán que demostrar con hechos, de que nadie está por encima de la ley”, afirmó la diputada del PRD Purificación Carpinteyro Calderón; al advertir que esta reforma definirá quién gobierna en este país, si el Ejecutivo o los poderes fácticos que podrían ver sus intereses afectados.

Sostuvo que los grupos que manejan este sector han concentrado no solamente poder económico y de mercado, sino poder político que había impedido, por más de quince años, que todas las regulaciones fueran a favor de particulares y contrarios a los intereses de la población en general, apuntó legisladora especialista en telecomunicaciones.

”Ahora es cuando vamos a ver si efectivamente el gobierno está comprometido con lo que dice el presidente Enrique Peña Nieto, de que nadie está por encima de la ley, y que no hay más poder que el poder el Estado”, sostuvo la legisladora por el Distrito Federal.

Respecto al monopolio que ha prevalecido en telecomunicaciones, aclara la diputada Carpinteyro Calderón que no son los grupos particulares los que han violado el artículo 28 constitucional, que prohíbe los monopolios, sino “las mismas autoridades al no garantizar que los bienes de la nación no queden concentrados en pocas manos”.

Los grupos privados es obvio que van a defender sus intereses, es legítimo, y no responden a los intereses de la nación, sino a intereses de sus accionistas y hacen su trabajo, y se podrá decir bien o mal que son patriotas o antipatriotas, pero eso ya es un juicio que elaborará cada quien.

El hecho es que su obligación es atender los requerimientos de sus accionistas, y éstos procuran obtener el mayor rendimiento de sus inversiones: hacer más dinero, pero eso no significa que busquen el bien nacional, eso beneficia sólo a los propietarios, explicó.

“Es la autoridad la que tiene la obligación de vigilar y cerciorarse que esos intereses siempre se rijan por el bienestar de todos los mexicanos, y no nada más de grupos particulares, entonces quien incumple en todo caso es la autoridad, y que quien lo ha incumplido desde hace 15 años es la autoridad”, refrenda.

Al respecto, Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, manifestó simpatía porque se rompan los monopolios, es un avance dijo, al calificar la propuesta como necesaria para sacudir a estos grupos, sin embargo, criticó el que la mayoría de los legisladores desconozcan el contenido detallado de dicha reforma, “es una vergüenza”.

Lamento que el Congreso se haya convertido sólo en una oficialía de partes, ya que en los hechos es sustituido por una élite política gubernamental, “no somos invitados a estas fiestas palaciegas”, por lo que sería conveniente cambiarlo ya que resulta muy costoso para el país. “Ahora el Congreso se está viendo reducido a levantar la mano”, precisó el legislador federal.

Monreal Ávila estimó, que la iniciativa en telecomunicaciones llegará a la Cámara de Diputadas muy avanzada, con el apoyo de las bancadas del PRI, PAN y PRD, de ahí previo que se procesará en tiempo récord, pero aclaró que la analizarán y de no contener lo que a su juicio se requiere para garantizar la apertura, Movimiento Ciudadano presentará una propuesta que se sume a la del Pacto por México.

En especial en lo referente a la radio comunitaria precisó la también diputada de MC, Luisa María Alcalde Luján, en virtud, de que su existencia, función y regulación no existe en ninguna ley, cuando su importancia en vital porque conecta a las comunidades más pobres con la información y sirve de tribuna para difundir su problemática social, económica, política y cultural; de no incluirla la iniciativa del Pacto, dijo que su bancada la presentará en la Cámara Baja.

La apertura para que no haya monopolios y pueda cualquier inversionista nacional competir en igualdad de circunstancias en canales de televisión y estaciones de radio lo celebró, ya que el monopolio ha ido en detrimento de una sana competencia, al advertir la necesidad de revisar el contenido de los programas, porque las televisoras son poderosos comunicadores, formadores de ciudadanos, concluyó.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), representa una mina de oro para miembros del PRD, de corriente extrema, y gracias a esos intereses económicos y políticos electorales, la máxima casa de estudios atraviesa por un conflicto que han tratado de disfrazar los grupos de izquierda.

Así lo aseguró Jesús Fandiño Armas, secretario general de la UACM, a los radioescucha del programa de radio “VOCES AL AIRE”, que se trasmite por el 760 de ABC, y agregó que Enrique Dussel no asumió la Rectoría Interina de la máxima casa de estudios.

“Al señor le entregaron los consejeros universitarios que no son reconocidos, una pequeña oficina de las instalaciones del plantel Del Valle, y otra de la Contraloría General a Francisco Alcántara Negrete”, pero todo en el marco de ilegalidad.

Asimismo, en su oportunidad el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, dijo que hoy al filo de las 11.00 horas se estudiará el problema de la UACM, para darle solución y evitar más molestias a los estudiantes. Explica el entrevistado que no existe la figura de “rector interino” en los estatutos de la UACM, además de que es un nombramiento ilegal, pues los consejeros que votaron por el filósofo están suspendidos de sus funciones por la Contraloría de la institución.

Jesús Fandiño, explica al director general del diario nacional “EL PUNTO CRITICO”, y conductor del programa de radio “VOCES AL AÌRE”, Eduardo Ramos Fusther, que la semana pasada, el Tercer Consejo Universitario de la UACM –reconocidos– validó a la doctora Esther Orozco Orozco, como rectora.

Explica que todo el proceso que se ha llevado a cabo ha sido ilegal, porque los estatutos de la UACM, señalan muy claro cuando debe de removerse al rector, los motivos y la forma en que se debe nombrar a un rector. Violando las leyes y los estatutos de la UACM, 26 consejeros en votación secreta eligieron entre el fundador de la Filosofía de la Liberación y el doctor José Remus, profesor investigador de la UACM, el otro candidato al cargo.

“Ante la toma de planteles, en el imaginario se ha impregnado la idea de que el grupo parista representa a toda o, al menos, a la mayoría de la comunidad UACM, nada más alejado de la realidad, definitivamente el PRD ha confundido a la opinión pública, dando a conocer mentiras y escondiendo la verdad del conflicto”, dijo el secretario general de la UACM.

Se ha querido confundir a la opinión pública. Una universidad autónoma como la UACM, no tiene que esperar ni el aval ni el reconocimiento de ninguna autoridad ajena a su comunidad, para ejercer la encomienda de brindar educación de calidad.

En el texto dirigido a la opinión pública indican que la sola idea de convalidar las actuaciones de grupos radicales, que persiguen sus fines encapuchados y armados con tubos, es una señal de alarma en una ciudad que tiene como eje político la seguridad de sus ciudadanos, además de que genera un precedente negativo para las universidades públicas.

Resaltan que la actual administración que encabeza la doctora Esther Orozco es la única, legítima y legalmente facultada para administrar esta casa de estudios y para seguir con la labor de libre cátedra y libre discusión de las ideas.

Explican además las razones por las cuales el supuesto proceso de “revocación” de la Rectora Orozco se llevó a cabo, mediante un proceso viciado, irregular e ilegal, por algunos integrantes de la comunidad universitaria. En primer lugar, expresan, el Tercer Consejo Universitario se instaló formalmente el 22 de agosto de 2012, de acuerdo con el Estatuto General Orgánico (EGO) de la UACM, y ese órgano no fue notificado ni ha analizado proceso de revocación alguno.

El supuesto proceso de revocación que promovió el grupo de ex consejeros, explican en segundo lugar, pretende aplicar criterios retroactivos, contrarios a lo previsto en el artículo 14 constitucional y en el artículo 83 del EGO.

Añaden que un proceso de revocación, en su caso, tendría que ser votado por una mayoría calificada de dos tercios del Consejo Universitario, y este supuesto proceso fue promovido por un grupo que representaría menos de la mitad del Consejo Universitario en funciones. Además, sostienen que este supuesto proceso de revocación contraviene los acuerdos políticos.

Sin duda alguna, la revocación de la Rectora Esther Orozco y de otros funcionarios no sólo es ilegal, porque desconoce los principios de imparcialidad y certeza jurídica, sino que también trata de pasar por alto los acuerdos políticos que el Tercer Consejo Universitario firmó con el fin de avanzar en la resolución del conflicto universitario. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es un organismo que tiene la atribución constitucional de organizarse de la forma que más le convenga.

El Estatuto General Orgánico y de asuntos relacionados con él, recuperó los resolutivos relativos con el Estatuto emanados. A lo largo del articulado se determinó que el Congreso Universitario organizado por el Consejo General ratifica el carácter autónomo de la Universidad, los cuales sirvieron como el insumo principal para la colegialidad en la toma de decisiones y la importancia central de para garantizar el cumplimiento de los fines sustantivos de la Universidad.

Con fundamento en el artículo 17, fracción I de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el primer Consejo Universitario, ha aprobado en lo general y particular, el dictamen respectivo. La autonomía de la Universidad tiene su sustento legal en el artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley; y se ejerce al elegir y remover libremente a sus representantes y titulares.