Economí­a Nacional

Dejar de solapar y consentir a evasores fiscales, líderes sindicales expoliadores y ex gobernadores que inexplicablemente se hacen ricos de la noche a la mañana exigió la bancada del PRD en San Lázaro, al afirmar que de frenarse esas prácticas se tendrían recursos para establecer el seguro del desempleo.

En el primer mes del año se importaron 55,321 vehículos usados, es decir, 64.5% más que en enero de 2012, alertó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Con este ingreso, informó en un comunicado, suman 6 millones 694,000 unidades “chatarra” importadas desde la apertura de la frontera, en octubre de 2005; el monto de los automóviles usados que entraron al país en 8 años equivale a 93.5% de lo que vendió la industria nacional de vehículos nuevos por 7 millones 155,900 de unidades.

“Son factor negativo no sólo para la industria sino para el país”, afirmó Guillermo Rosales, vocero de la AMDA.

La Asociación explicó que el crecimiento de la importación refleja una tendencia constante de aumento desde agosto, mes a mes, de unidades usadas.

Al cierre del 2012, la Administración General de Aduanas registró la importación de 600,000 autos usados, bajo el amparo de juicios. De acuerdo con estas cifras, dos de cada tres vehículos que se compran en México llega del extranjero, aunque no cumpla con la Norma Oficial Mexicana.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, y el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela Rodríguez, coincidieron en afirmar que en México nueve millones de familias necesitan soluciones de vivienda, mediante la adquisición de una nueva o usada, o bien ampliación de la que tienen o mejoramiento del inmueble donde viven.

En este contexto, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, SHyCP, ambos funcionarios presentaron a los medios de comunicación el Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda, el cual es un esquema de garantías, de acceso abierto a todos los desarrolladores de vivienda, como parte de la Política Nacional de Vivienda anunciada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 11 de febrero.

El titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, sostuvo que gracias a la nueva garantía, los desarrolladores aprovecharán la oportunidad de mercado, que supone abatir el rezago de vivienda nueva en México, así como la atención del Bono Demográfico.

Afirmó que para el gobierno federal, el sector vivienda es uno de los principales motores del mercado interno y una palanca de desarrollo nacional, por la generación de empleo y el impulso a la productividad de diferentes sectores económicos.

El anuncio del Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda es la primera acción de una estrategia integral de políticas públicas en materia de vivienda bajo la coordinación institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territoral y Urbano (SEDATU).

El titular de la SEDATU, indicó durante su intervención que el gobierno federal trabaja con el objetivo de hacer de México “el mejor hogar para todos”, ya que, cuenten o no con los recursos suficientes para comprar una propiedad, las familias mexicanas tienen derecho a una vivienda digna provista de todos los servicios e integrada en una comunidad sustentable que haga más próspero al país.

Más adelante puntualizó que el programa SHF a la Construcción da respuesta a la necesidad de viviendas, fomenta el desarrollo del sector como motor económico de México y facilita la construcción de nuevas casas, a través de la obtención de crédito por parte de los desarrolladores reduciendo el riesgo para los bancos, lo cual contribuye a que los mexicanos accedan a su propio hogar de calidad.

El titular de la SEDATU, advirtió que las empresas desarrolladoras con cuentas sanas, cimientos sólidos y una visión sustentable tendrán acceso a más créditos para construir viviendas, a excelentes oportunidades de negocio, así como a un esquema de financiamiento adicional hasta de 15 mil millones de pesos, promovido con garantías de primeras pérdidas de SHF. Con ello, dijo, se potenciará una derrama adicional del 40 o 50% del saldo actual de los créditos a la construcción de vivienda.

Terminó su intervención afirmando que los desarrolladores podrán construir más para satisfacer la demanda de vivienda nueva a través de créditos del Infonavit, Fovissste, Banca Comercial e Intermediarios Financieros que operen con SHF.

Diputados federales, senadores y dirigentes campesinos, pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática, PRD, se instalaron en el Monumento a la Revolución, donde afirmaron poner en duda que en este año se vean resultados tangibles con los programas anunciados por el Gobierno federal hacia el campo, y esperar cambios significativos en estos casi 100 días de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, e indicaron que: “sería una ilusión”, porque tanto el presupuesto para este año, como los programas gubernamentales son los mismos que se aplicaron el sexenio anterior.

En conferencia de prensa el senador Fidel Demédicis Hidalgo, así como el diputado federal Sebastián de la Rosa, y el dirigente de la Coalición de Organizaciones, Democráticas, Urbanas y Campesinas, Marco Antonio Ortiz Salas, anunciaron –antes de iniciar su peregrinar por la capital de la República– entregar un pliego con 10 peticiones o sugerencias al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la Presidencia de la República, para que sean tomadas en cuenta e incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, y el cual se presentará dentro de los primeros seis meses de la actual administración.

Propuesta para el gobierno federal

En la propuesta planteada por los legisladores y el dirigente campesino para el Plan Nacional de Desarrollo, se contemplan 10 ejes: un marco macroeconómico favorable al desarrollo rural y política de estado; la soberanía alimentaria; comercio internacional (el TLCAN) justo con agenda de desarrollo; solución de los conflictos agrarios en el medio rural; reactivación del mercado interno y la producción de alimentos; políticas incluyentes y diferenciadas; reglamentación en una ley del derecho a la alimentación; el desarrollo territorial y regional, eliminando las grandes diferencias norte sur-sureste; revisión y modificación del marco jurídico; estado social y de bienestar, y reorientación del gasto público y del programa especial concurrente.

Argumentaron los dirigentes campesinos, que desde 1980 el país ha estado estancado, no se ha registrado crecimiento de la economía para generar empleo, ingresos, demanda y crecimiento industrial.

Ello ha llevado también a un medio rural con estancamiento, desigualdad e inequidad; derivado de ello se enfrentan resultados adversos del modelo económico que no pueden ocultarse, sobre todo a raíz de la instrumentación de las reformas estructurales como la del artículo 27 constitucional y la firma del TLCAN.

Reveló Antonio Ortiz Salas que las propuestas entregadas a las autoridades federales, están respaldadas por el senador y los diputados federales del PRD, y sostuvieron llegar a acuerdos por un verdadero Pacto Nacional Rural.

Recursos géneticos

Destacaron como una amenaza a la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, que los recursos genéticos, el germoplasma y las capacidades de ingeniería genética, crecientemente sean apropiadas por empresas transnacionales; tal es el caso de la presión en estos días de las grandes empresas transnacionales por comercializar los productos transgénicos.

De conformidad con todo lo expuesto, demandaron al Gobierno federal, que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el Pacto por México y en la Cruzada contra el Hambre, puedan participar las organizaciones campesinas e indígenas, y al mismo tiempo diseñar un nuevo acuerdo en favor del campo mexicano o un Pacto Nacional Rural.

Sebastián de la Rosa, diputado federal del PRD, y secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, manifestó no compartir la política actual que aplica el Gobierno federal hacia el agro nacional, lo que contradice las declaraciones del presidente Peña Nieto, que dice que “en su Gobierno el campo será una prioridad”, pero en el presupuesto no se ve reflejado ese interés, dijo, por eso en esta movilización exigiremos se incluyan, no por buena voluntad, sino porque es necesario, que nuestras propuestas sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente, el Senador de la República, Fidel Demédicis Hidalgo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, señaló que los anuncios hechos por el Jefe del Ejecutivo son “sólo anuncios”, que si no se les da el sustento práctico con acciones concretas, termina siendo demagogia, y el riesgo que hay es que el gobierno de Enrique Peña Nieto se convierta “en un gobierno demagógico, si no da muestras al pueblo de que realmente quiere atacar los problemas de fondo, pues no es concebible que muera una persona por hora, de hambre”.

Sólo en el primer mes de este 2013 año se agregaron 474 mil desempleados, con lo que ascendieron a 2 millones 723 mil, en enero, cuando en diciembre del año pasado sumaron 2 millones 249 mil personas apuntó el diputado del PRD Miguel Alonso Raya.
Destacó que entre la población asalariada, 62.7 por ciento reciben sólo tres salarios mínimos o menos; 40.1 por ciento carecen de prestaciones; 4.7 por ciento laboran sin un contrato laboral escrito y 47.3 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud.
Al referirse al futuro de la seguridad social en México, el perredista por Guanajuato indicó que el número de trabajadores asegurados al régimen obligatorio del Seguro Social, en el primer mes de este año respecto a noviembre de 2012, se redujo en 188 mil 724, y la mayoría de éstos corresponde a trabajadores permanentes.
De ahí que de las 48 millones 530 mil cuentas individuales administradas por las afores, 27 millones 270 mil están inactivas, es decir, el 56.2 por ciento, debido al desempleo.
Alonso Raya aclaró, que el hecho de tener una cuenta individual no garantiza que se va a tener una pensión, debido a que por la baja densidad de cotizaciones, sólo el 16.1 por ciento de los afiliados a una afore tendrán posibilidad de acceder a una pensión laborando menos de 39 años; “el resto sencillamente no podrá cubrir los requisitos para poder acceder a ese derecho”, estimó.
Para resolver esta grave situación el guanajuatense, urgió a construir una buena política distributiva que genere empleos bien remunerados, que siente las bases de la equidad, a fin de que la seguridad social juegue un papel fundamental, de tal manera que se garanticen pensiones y jubilaciones dignas.
En este mismo sentido, habló de la necesidad de una reforma integral al marco tributario y hacendario, para elevar el nivel de recaudación, eliminar regímenes especiales, privilegios y aspectos que hacen que México pierda recaudación potencial.
“La reforma hacendaria debe conducir a reconstruir un Estado de bienestar, sin crear nuevos impuestos y estableciendo, en los que existen, criterios progresivos en donde aporten más los que más ganan y los que más consumen”, destacó para concluir.

Ofende el aumento de multimillonarios evasores del fisco, socios de los 400 grupos empresariales más importantes de México, que en conjunto obtuvieron ingresos por 4.9 billones de pesos en 2008, superior al presupuesto de este año frente a la pretensión de aplicar el IVA a alimentos y medicinas, con lo que los 52 millones de mexicanos que sufren pobreza correrían el peligro latente de cancelar cualquier expectativa de vida afirmó la diputada federal del PRD Socorro Ceseñas Chapa.
Aclaró no estar en contra de empresarios, sino contra las devoluciones obscenas de impuestos que el propio Gobierno federal realiza, mientras el número de miserables aumenta, y sean niños y adolescentes, así como gente de la tercera edad los más  afectados por el hambre.
La diputada del sol azteca, lamentó que esos 400 grandes grupos empresariales sólo hayan contribuido con el 1.7 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el 2008, y además obtuvieran devoluciones fiscales, y cuyos socios figuren en las listas de los hombres más ricos del mundo, mientras millones de mexicanos hayan engrosado las filas de quienes están por debajo de la pobreza, incluso, alimentaria, ya que solo una vez al día  pueden comer.
Ceseñas Chapa cuestionó que mientras a los socios -considerados como multimillonarios-, de estas empresas, cuyos ingresos acumulables por ISR son superiores a 500 millones de pesos, se les beneficie fiscalmente con la devolución de impuestos por concepto de IVA, y a los pequeños contribuyentes se les persiga porque no pueden cumplir por una reglamentación compleja y por la falta de recursos para pagar a tiempo.
Puso en tela de juicio que varias de las familias como Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, Gonda, Calderón Rojas, Suberville, Vigil, Gallardo, Bailleres, Larrea y Servitje, líderes de sus sectores y que mantienen un mercado cautivo, sus empresas gocen del régimen del consolidación fiscal, con todos los privilegios que ello implica, tales como la devolución de impuestos, evasión e incluso elusión fiscal, al aprovechar los huecos del marco jurídico para evitar el pago de impuestos.
Y cuyos integrantes figuran entre los multimillonarios del mundo, cuentan además con el beneficio de tener a contadores que son ex funcionarios públicos, que les quitan piedras del camino y les permite pagar poco y obtener devoluciones millonarias por el gobierno, aseguró la legisladora por Nuevo León.
De ahí que criticó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la falta de actualización de datos sobre la aportación tributaria de esas empresas y socios, sobre todo, dijo porque participan de los beneficios de la consolidación fiscal y gracias a ello obtienen ingresos que permiten a sus socios figurar entre los más ricos del mundo.
Advirtió el riesgo de que el PRI intente gravar alimentos y medicinas con el IVA, e incluso ampliar el porcentaje del 16 al 19 por ciento generalizado en este impuesto al consumo, “lo que perjudicará a millones de mexicanos, cuya situación económica es ya de por sí grave”.
La legisladora federal se pronunció por establecer candados jurídicos para que los empresarios estén obligados a informar sobre sus contribuciones a la hacienda pública, ya que también es ofensivo que pese a que el presupuesto se eleve significativamente cada año, por otro lado los pobres se multipliquen y unos cuantos acrecienten y presumen sus fortunas en las listas internacionales de los más ricos.
Reiteró Ceseñas Chapa, no estar en contra de hombres o mujeres dedicadas a los negocios y que por la vía honesta ganen dinero,  como algunos simplistas quisieran hacer creer, pero si advirtió, estar en contra de la injusticia fiscal y la obscenidad que significan las devoluciones y privilegios fiscales, que sólo contribuye a que amasen granes fortunas a costa de los más pobres del país.
Demandó por ello a la Secretaría de Hacienda hacer del conocimiento público la situación fiscal de los grandes millonarios de este país, de otro modo el Pacto por México será sólo una ocurrencia y la discusión de la reforma hacendaria no avanzará en el Congreso, estimó.
“El titular del Ejecutivo debe aclararnos esta situación, pues no puede presentar una propuesta de incrementar el IVA en una forma tan irresponsable, cómplice y sometida a los intereses de las familias que anulan la competencia, eluden impuestos y vistosamente festejan sus fortunas”, puntualizó la diputada Ceseñas Chapa.
Anunció la presentación de sus propuestas en materia fiscal ante el Congreso y la demanda formal a la SHCP para transparentar la información sobre esas empresas, al sostener que no se puede seguir consintiendo la opacidad en estos temas, y advirtió que la reforma hacendaria prevista en el Pacto por México no avanzará si no incluye justicia fiscal, a fin de que los más ricos paguen más, y se deje se perseguir a los millones de trabajadores que con sacrificios tienen para comer, concluyó la legisladora federal.

Luz María Alonso Sánchez/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.