Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, ha interpuesto ante el Instituto Nacional Electoral una
impugnación que busca frenar lo que muchos mexicanos consideramos un golpe mortal al Poder Judicial de la Federación: el procedimiento de elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros promovido por Morena. Lo que a primera vista se presentó como una iniciativa democratizadora, es en realidad –como ha denunciado el PRI y numerosos especialistas– una estrategia bien calculada para desmantelar uno de los últimos contrapesos institucionales que quedan en México.
La impugnación presentada por Moreno Cárdenas, no solo señala la falta de fundamento constitucional de todo el proceso, sino que denuncia, con razón, el cúmulo de irregularidades que lo rodean. Primero, el Congreso aprobó el paquete de reformas sin dictamen técnico independiente, sin discusión real con los colegios de abogados, sin escuchar a la academia ni al propio Poder Judicial. La Cámara de Diputados, convertida en oficialía de partes del Ejecutivo, la aprobó basicamente sin haberla leído, en fast track y contra todas las recomendaciones de la opinión pública y de organismos internacionales, que sonaron las alertas en su contra.
Segundo, el procedimiento mismo para la “elección” de ministros, magistrados y jueces, presentó un modelo inédito y riesgoso: se hizo que el pueblo elijera incluso a los jueces supremos, mediante voto directo, pero sin la participación de opositores, sin criterios técnicos de elegibilidad y sin claridad sobre la campaña, los tiempos, los formatos o los recursos públicos que se destinaron a ello.
Parecería ser que hasta ministros de la Suprema Corte sin títulos acreditados como jurístas fueron electos el pasado 1 de junio, esta elección ha sido simplemente una simulación, donde Morena impuso candidatos afines, cercanos al poder y controlables, para hacerse ya en definitiva del poder absoluto en México.
La impugnación del PRI resalta también la profunda contradicción jurídica del modelo: la Constitución establece que los jueces deben actuar con imparcialidad, independencia, honorabilidad y experiencia. No hay forma de garantizar que estas cualidades emerjan de un proceso electoral contaminado por la lógica de campañas políticas, donde peso más la imagen, la ideología y la obediencia partidaria, que la capacidad técnica, la experiencia, o la integridad ética.
Como si esto fuera poco, los ciudadanos se vieron manipulados desde el gobierno, haciendo un burdo chantaje bajo la amenaza de perder los apoyos sociales y proporcionandoles acordeones que han quedado absolutamente documentados, donde se les indicaba exactamente por quién votar, que vulneraron la libertad del voto.
Como advirtió Alejandro Moreno, lo que se jugó no fué solo la forma de elegir a los jueces, sino la viabilidad misma del sistema republicano, de pesos y contrapesos, que el país ha construido con décadas de lucha democrática.
Más allá del PRI, otras voces –desde la Barra Mexicana de Abogados hasta exministros de la Corte– han coincidido en que la reforma y la elección judicial representan un retroceso democrático alarmante. Y sin embargo, el oficialismo se jacta de haber ganado la elección “por mayoría”, con menos de un 13% de la votación, cuando mas de un 87% del electorado repudió el proceso y no se presento a las urnas.
Con esta impugnación, Alejandro Moreno ha encendido una señal de alarma que no puede ser desoída. El INE, y eventualmente el Tribunal Electoral, deberá pronunciarse sobre una elección que violentó probadamente los derechos politco- electorales del ciudadano y aunque muchos no esperamos que el INE o el Tribunal Electoral actuen conforme a la ley, se hará evidente la complicidad del organismo electoral en otro tiempo autónomo y ahora supeditado al poder y del primero de los tribunales a modo, El Tribunal Electoral, que tiene ya meses fallando lo que les dictan desde Palacio Nacional.
Esta impugnación ya presentada, la llevará también el PRI a tribunales internacionales, se presentará una petición formal ante la Organización de Estados Américanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “ Aportando pruebas, argumentos y elementos de convicción, ya que para nuestro partido la democracia no se negocia” afirmo Alejandro Moreno.
Pero más allá del camino jurídico, la sociedad civil, los medios y las fuerzas democráticas del país deben asumir con seriedad el fondo del debate: por mas que estemos en desacuerdo con los métodos, no se trata de como se eligió a los jueces, magistrados o ministros, ni siquiera de si hubo cientos de irregularidades en el proceso, sino de hacer valer los derechos de los mexicanos y de evitar que un solo grupo concentre el poder absoluto en México.
Porque cuando el poder elige a quien lo debe controlar, la democracia deja de ser tal y esa, precisamente, es la tragedia que estamos por presenciar si esta farsa continua.
Alejandra Del Río
@alejandra05
@aledelrio1111
Presidenta de PR Lab México, Catarte y Art Now México, ha escrito columnas sobre política, arte y sociales en muchos de los medios más reconocidos del país, particularmente en el Heraldo de México, El Punto Crítico y en el Digitallpost. Ha participado en numerosos proyectos de radio a lo largo de 20 años, hoy además dirige el podcast Fifty and Fabulous en Spotify.