Existe un debate ineludible sobre el tamaño y el costo del gobierno. Es completamente comprensible por qué medidas radicales como la "motosierra" de Javier Milei
en Argentina o el discurso demagógico de austeridad de Andrés Manuel López Obrador resuenan con tanta fuerza en el electorado. Estas posturas ganan enorme popularidad porque conectan directamente con un hartazgo ciudadano real y profundo: los contribuyentes estamos cansados de sostener con nuestros impuestos a un aparato burocrático obeso, caro, dolorosamente ineficiente y, muy a menudo, corrupto. Queremos que el Estado cueste menos.
Sin embargo, la verdadera y sostenible reducción de este aparato, así como la caída drástica de sus costos, no se logrará únicamente a golpes de voluntad política, sino con tecnología. Un enfoque profundamente institucional y humanista nos permite comprender que la Inteligencia Artificial (IA) no viene a mecanizar al gobierno, sino a humanizarlo en pro del ciudadano. Al delegar la pesada fricción administrativa a los algoritmos, logramos una eficientización real. Se puede reducir drásticamente la cantidad de burócratas enfocados en papeleo inútil y liberar al Estado para que se enfoque en resolver problemas complejos.
No se trata de ciencia ficción, sino de gobernanza aplicada. El experimento de Albania es uno de los más audaces: el gobierno anunció la implementación de un modelo de IA para seleccionar y adjudicar contratos a proveedores estatales, transfiriendo la decisión del funcionario al código para erradicar el sesgo y los sobornos. En esa misma línea de eficiencia capitalista y transparencia, Corea del Sur emplea el sistema KONEPS, un entramado algorítmico que analiza millones de datos de compras públicas en tiempo real para detectar colusión, sobreprecios y manipulación de licitaciones. Por su parte, Estonia ha logrado consolidar una de las burocracias más delgadas del mundo digitalizando casi la totalidad de sus servicios públicos mediante IA, demostrando que un Estado eficiente cuesta menos y sirve mejor.
En México, la urgencia de adoptar esta tecnología es innegable para combatir una opacidad endémica. Para ilustrar la magnitud de la discrecionalidad, basta revisar un caso reciente que funciona como radiografía del sistema —apenas uno de tantos ejemplos cotidianos en diversas dependencias—. Un documento filtrado detalla irregularidades en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La institución adjudicó un contrato para la supervisión de la construcción de un hospital general en Oaxaca a Desarrollo Tecnología y Planeación, S.A. de C.V., a pesar de que su propuesta económica era una de las más caras.
Esta decisión contraviene el artículo 134 constitucional, que obliga a contratar bajo las mejores condiciones para el Estado, priorizando la eficiencia de los recursos públicos. La licitación internacional (folio LO-50-GYR-050GYR119-T-56-2026) buscaba seleccionar la mejor opción a precios unitarios. Sin embargo, el IMSS otorgó el contrato a una empresa cuya propuesta no era conveniente ni técnica ni económicamente, dejando fuera a competidores con mejores opciones. Este favoritismo representa un gasto innecesario de millones de pesos. Si un algoritmo hubiera auditado este proceso, habría bloqueado la adjudicación automáticamente al detectar el sobreprecio.
Adoptar esta tecnología logrará reducir la cantidad de burócratas que sostenemos, pero no significa sustituir por completo al Estado. Como advierte Eric Schmidt, ex CEO de Google, es fácil entender el atractivo de usar la IA para lograr "imparcialidad, velocidad y eficiencia". Pero también alerta sobre el riesgo de la "algocracia": el gobierno ciego de los algoritmos. Un sistema sano siempre necesitará la fricción humana para cuestionar moralmente las decisiones e imprimirles sentido común. Las máquinas no deben gobernarnos, pero para recortar el exceso burocrático y erradicar la corrupción, la IA es la herramienta que el Estado necesita.
César Daniel González Madruga