La resolución, aprobada por 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, demandó también la "libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos", incluidos seis aspirantes presidenciales y otros 20 opositores detenidos a cuatro meses de las elecciones del 7 de noviembre.
El texto solicitó "al Consejo ya los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense”.
Sobre la situación de los seis aspirantes presidenciales arrestados, la resolución exigió "que el gobierno proporcione de inmediato pruebas de que los detenidos siguen vivos y prueba de su paradero” y que garantice "el respeto de sus garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos ”.
Los familiares de la mayoría de los 26 detenidos desde mayo ignoran dónde y cómo están, ya que el gobierno ha rechazado el ingreso de sus abogados y denegado los recursos de exhibición personal. Según la oposición, hay más de 120 opositores detenidos desde 2018.
La Eurocámara llamó además a Ortega a "levantar el estado de sitio de facto, respetar el rol de la Policía Nacional como fuerza apolítica, apartidista y no deliberativa, (y) desarmar a las fuerzas paramilitares", mientras condenó "la adopción y aplicación de leyes restrictivas y punitivas ”y pidió" su derogación inmediata ”.
Tras recordar que "Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos", los eurodiputados pidieron también activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, lo que enciende las alertas sobre la participación futura del país en dicho tratado.
Organizaciones de DD.HH. celebran
Tras la sesión realizada en Bruselas, dos organismos humanitarios nicaragüenses y una de víctimas expresaron su satisfacción con el texto aprobado.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una ONG emblemática en la defensa de las garantías fundamentales que fue clausurada por Ortega en 2018, destacó que la resolución hizo ver la "persecución del régimen" de Ortega "contra las organizaciones defensoras" en Nicaragua.
Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recibió "con profunda satisfacción la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo", dijo por su parte el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, en un audio grabado.
El activista, exiliado en Costa Rica por amenazas, destacó que la resolución establece "una serie de medidas dirigidas a incrementar la presión sobre el gobierno nicaragüense, señalado de cometer gravísimas violaciones a los derechos humanos".
También la Organización de Víctimas de Abril (OVA) agradeció al Parlamento Europeo y sostuvo que "la hora de la libertad, de la verdad y la justicia para las víctimas está cada vez más cerca. Esta victoria es del pueblo nicaragüense. Se van", agregó.
