que podría generar mayor presión sobre las instalaciones de detención, que ya operan al límite.
La orden no entrará en vigor durante una semana con el fin de darle al gobierno tiempo para presentar una apelación. Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia no comentaron de momento sobre el fallo.
Al declarar ilegal una importante herramienta del gobierno, el juez federal T. Kent Wetherell II ofreció una mordaz revisión de las políticas fronterizas de Biden en una opinión de 109 páginas, emitida después de que se llevara a cabo un juicio en Pensacola, Florida, en enero.
El gobierno “prácticamente ha convertido la frontera suroeste en una insignificante línea en la arena y poco más que un tope vial para reducir la velocidad de ingreso de los extranjeros que inundan el país”, escribió.
Wetherell, designado a la banca por el presidente Donald Trump, criticó la decisión de suspender la construcción de un muro fronterizo, poner fin a una medida que obligaba a los solicitantes de asilo a aguardar en México la llegada de su fecha de audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, y de alterar las prioridades de aplicación de la ley. También culpó al gobierno de poner fin a la detención de familias en la frontera, una decisión que las autoridades han comenzado a reconsiderar.
"En conjunto, estas acciones equivalen a colocar un anuncio parpadeante de: ‘Entren, estamos abiertos’ en la frontera sur", escribió Wetherell.
Las palabras de Wetherell son similares a las de los republicanos que atribuyen a Biden todos los problemas en la frontera. Si bien las cifras se han disparado en los últimos dos años, los predecesores inmediatos de Biden en la presidencia, Trump y Barack Obama, enfrentaron desafíos similares.
“El fallo de este día ratifica lo que hemos sabido todo este tiempo: el presidente Biden es responsable de la crisis fronteriza, y sus políticas migratorias ilegales hacen que este país sea menos seguro”, dijo Ashley Moody, la procuradora general de Florida, que demandó en nombre del estado en 2021. “Un juez federal le está ordenando ahora a Biden que cumpla la ley, y su gobierno debería empezar de inmediato a reforzar la frontera para proteger al pueblo estadounidense”.
La demanda se centra en el creciente uso por parte del gobierno de permisos condicionales humanitarios para retirar rápidamente a los migrantes de la custodia de la en lo que proceden sus casos migratorios. Por lo general se les pide que se reporten ante las autoridades migratorias en dos meses y se les rastrea con un dispositivo móvil.