y la represión contra los opositores al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin sospechar que eso les costaría persecución, cárcel y exilio. Hoy, al menos una veintena de periodistas nicaragüenses sufren una "apatridia de facto”, al negárseles la renovación de sus pasaportes y otros documentos de identidad.
"Nos hemos quedado sin papeles, sin identidad”, dice a DW Gerall Chávez, uno de los comunicadores afectados, quien junto a seis de sus colegas envió una petición de nacionalidad al gobierno español, confiando en una respuesta positiva ante lo que califica como "un castigo injusto”.
Entre 2023 y 2024, España ofreció la ciudadanía a unos 300 opositores nicaragüenses exiliados o deportados por el gobierno sandinista, que en informes oficiales anunció públicamente la "pérdida de su nacionalidad nicaragüense” por considerarlos "traidores a la patria”.
Sin embargo, cientos o miles de nicaragüenses (la cifra exacta se desconoce) han perdido su nacionalidad "en silencio”, pues el gobierno no volvió a publicar listas de afectados. Se estima que a más de 400 se les prohibió regresar a su país solo en el último año y que a centenares más se les han negado sus pasaportes, gestionados fuera o dentro de Nicaragua.
Este es el caso de Gerall Chávez, quien junto a sus colegas Donaldo Hernández, Reyna Vallecillo, Luis Eduardo Martínez, Lucía Navas, Óscar Navarrete y Tania López firmó la solicitud al gobierno de España a fines del mes pasado. Ellos son parte de los más de 300 periodistas independientes que se encuentran exiliados en Costa Rica, Estados Unidos, España y México.
"Nosotros sufrimos una desnacionalización silenciosa que tiene un mayor impacto, porque no podemos demostrarla”, señala Chávez y destaca que muchos defensores de derechos humanos están en igual situación.
El grupo espera todavía la respuesta de España y, de no obtenerla, enviarían su petición a los gobiernos de Argentina, Chile y México, señala.
El periodista fue forzado al exilio en 2018 tras cubrir las protestas sociales para la televisora Vos TV, cuyo dueño es el multimillonario nicaragüense Carlos Pellas. Aunque obtuvo refugio en Costa Rica hace tres años, quiere estudiar una maestría y no puede, porque las universidades locales le exigen documentos de identidad actualizados en su país.
"Nos piden partidas de nacimiento y títulos profesionales apostillados, un trámite imposible”, dice. Para colmo, el gobierno confiscó la universidad donde Gerall se graduó de periodista y le cambió el nombre, lo cual dificulta aún más obtener certificados académicos.
Chávez, quien en el exilio fundó el medio digital Nicaragua Actual, tramitó la renovación de pasaporte en la embajada nicaragüense en 2023 y se lo negaron mediante dilaciones. "Me decían: su pasaporte aún no ha venido, llame el próximo mes, y así pasaron dos años”, relata.
En Managua, un familiar gestionó sin éxito su cédula de identidad. "Le dijeron que tengo que ir yo personalmente, pero eso me pone en riesgo ya que pueden detenerme”, expresa.
"Apatridia de facto”
En su solicitud de ciudadanía española, los periodistas denunciaron "la escalada de represión estatal ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el periodismo independiente, que nos ha dejado en una situación de apatridia de facto”.
"La privación de pasaportes, cédulas de identidad y otros documentos esenciales para la vida civil nos somete a una exclusión social y jurídica extrema, impidiéndonos acceder a servicios de salud, empleo formal y educación. Esta desnacionalización de facto nos condena a una muerte civil, sin reconocimiento legal ni protección estatal”, señalaron.
Como parte de su desesperada búsqueda de apoyo, el grupo se reunió días atrás con funcionarios de ACNUR para pedirles recomendaciones y están pendientes de una respuesta.
La represión de los Ortega en Nicaragua mandó al exilio por lo menos 800.000 personas (más del 12 por ciento de la población nacional de 6,5 millones de habitantes), según datos de las Naciones Unidas. En Costa Rica, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), poco más de 9.000 nicaragüenses habían recibido refugio hasta el 9 de mayo pasado. Sin embargo, al menos 200.000 solicitantes aún esperan respuesta.
Si bien Costa Rica emite documentos de viaje para los refugiados sin pasaporte, estos no siempre son reconocidos por las aerolíneas o los países de destino, que alegan fallas en el chip biométrico.
En un informe de febrero pasado, el Grupo de Expertos de la ONU para Nicaragua (GHREN) afirmó que "la prohibición impuesta a muchos nicaragüenses de volver a entrar en su país, junto con la negativa consular a renovar los pasaportes, constituye otra violación con repercusiones transnacionales. Estas medidas han dejado a numerosos nicaragüenses, incluidos niños, en una situación de extrema vulnerabilidad, convirtiéndolos en apátridas de facto”.
Según el GHREN, "la falta de documentación oficial impide los procedimientos de regularización o reubicación en otros países. Estas prácticas —expulsiones, prohibiciones de entrada y denegación de pasaportes— también han desgarrado familias y obstaculizado gravemente la reunificación familiar, afectando de forma desproporcionada a los niños”.
El limbo migratorio
"La apatridia de facto es realmente un limbo migratorio”, dice en entrevista con DW la académica nicaragüense Ana Valle, experta en temas de migración y apatridia.
ACNUR reconoce la apatridia de facto como la condición de "aquellas personas que son incapaces de establecer cuál es su nacionalidad o que, teniendo una nacionalidad, carecen de la protección del Estado inherente a ella”, explica Valle citando documentos de la agencia de la ONU.
En el Acta Final de la Conferencia de 1954 se pidió la protección de los apátridas de facto, pero al no estar definido el término en el derecho internacional, lo que se recomienda es que simplemente se les considere como personas apátridas, puntualiza.
"Sin embargo, deben probar que se les ha negado su nacionalidad, lo cual es difícil porque la negativa de pasaporte se realiza de forma verbal y no escrita. El gobierno de Nicaragua tampoco informa ya a las personas que han sido desnacionalizadas”, señala la especialista, quien dirige la Asociación de Nicaragüenses en México y forma parte del grupo internacional de 70 expertos en desplazamiento forzado y apatridia.
Valle recomienda a las personas que han obtenido refugio "valorar muy bien si desean adquirir otra nacionalidad, pues en ese caso perderían su estatus de refugiados y con ello la protección internacional que supone el principio de no devolución, quedando expuestos a una extradición”.
