Los programas de espionaje provocaron una controversia mundial cuando fueron revelados el año pasado por organizaciones noticiosas después de las incidencias del ex contratista de la agencia, Edward Snowden.
La Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles, cuyos miembros fueron designados por el presidente Barack Obama, concluyó en un largo informe que la recolección de datos de Internet de la agencia dentro de Estados Unidos es aceptable constitucionalmente y emplea salvaguardas “razonables” para proteger los derechos de los estadounidenses.
David Medine, ex abogado del Gobierno, dijo que la vigilancia en línea de la agencia ha sido “valiosa y eficiente para proteger la seguridad nacional y producir información sobre inteligencia extranjera”.
Activistas defensores de la privacidad y las libertades civiles manifestaron decepción con las conclusiones de la junta.
“Este es un informe débil que no abarca plenamente las implicaciones para las libertades civiles y los derechos humanos de permitir al Gobierno un acceso amplio a las comunicaciones de personas inocentes”, se lamentó Jameel Jaffer, subdirector legal de la Unión Americana de Libertades Civiles.
El informe contrasta con la anterior acción de la junta, cuando sostuvo en enero que la recolección por parte de la agencia de registros de llamadas nacionales “carece de fundamento legal viable” y debería terminarse.