La ley, denominada de "antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano", fue aprobada por la ANC, un cuerpo no reconocido por varios países, luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.
Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al "poder público" de herramientas jurídicas para "contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición" de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.
Según el artículo 19, "cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)" el Ejecutivo procederá a "inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente".
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, insistió en que estas "inaplicaciones" se harán sin violar la Constitución venezolana, aunque la misma ley establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente.
Este blindaje "antibloqueo" otorga también facultades al Ejecutivo para la "celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios" para la protección de activos nacionales, así como para "impedir o revertir actos o amenazas" que atenten contra las riquezas de la república.
Todo esto, subrayó Cabello, sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal PDVSA, encargada de administrar las mayores reservas de crudo del mundo, con las que cuenta el país suramericano.
La confidencialidad se deberá mantener "hasta 90 días posteriores al cese" de las sanciones o circunstancias que hayan "propiciado la situación". La ley tendrá vigencia hasta que cesen las sanciones.
Maduro ha dicho que la legislación fue consultada con todas las autoridades regionales y municipales pero el gobernador del estado Anzoátegui, el opositor Antonio Barreto Sira, dijo a EFE que ni él ni los otros tres gobernadores contrarios al chavismo fueron tomados en cuenta en este proceso.
