el fin de su trabajo humanitario en Nicaragua, según un comunicado en el que aseguró que el retiro fue solicitado por el régimen de Daniel Ortega.
"Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el CICR ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país", señaló la delegación en su misiva fechada en Ciudad de México.
En marzo de 2022, el gobierno de Daniel Ortega había expulsado del país al delegado del CICR en Nicaragua, Thomas Ess.
El organismo y el régimen de Ortega habían firmado en enero de 2019 un acuerdo para visitar a personas presas. El CICR había abierto su misión un año atrás, cuando el mandatario enfrentó tres meses de protestas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, así como numerosos lesionados y detenidos considerados presos políticos por la oposición.
La delegación recordó que su labor comprendía, además de las visitas carcelarias, el apoyo al trabajo de la Cruz Roja local, antes de que ésta fuera clausurada por el Congreso de Nicaragua bajo dominio total de Ortega.
Dicho apoyo se enfocaba en restablecer el contacto entre personas presas y sus familiares, así como en capacitar a las fuerzas de seguridad en la aplicación del derecho internacional humanitario.
En mayo último, el Legislativo, dominado por el Frente Sandinista de Ortega, aprobó por unanimidad disolver a la Cruz Roja nicaragüense, que operaba desde 1931, tras acusarla de violar la neutralidad en las manifestaciones que el gobierno denunció como un intento de golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos.
También decidió confiscar sus propiedades y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno.
El rechazo del oficialismo hacia la Cruz Roja local se debió a que sus voluntarios atendieron a manifestantes opositores heridos en las protestas, según medios de oposición.
CIRC medió en liberación de "presos políticos"
La representación regional del CICR para México y América Central "reitera su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua", añadió el comunicado.
"El papel de la CICR fue trascendental en 2019, cuando el régimen orteguista liberó a más de 200 presos políticos a través de una cuestionable Ley de Amnistía. El Comité junto con grupos opositores se encargaron de conciliar una lista de reos de conciencia", señaló el portal de noticias locales Confidencial Digital.
"Asimismo, en 2021, la CICR solicitó al régimen orteguista visitar a los presos políticos, ahora desterrados en Estados Unidos, que se encontraban en la cárcel El Chipote, aunque les negaron el acceso", agregó Confidencial.
Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua acusadas de violar las leyes, incluidos gremios de empresarios y universidades católicas.