Los dolorosos relatos de sobrevivientes a la tortura que recopilan las ONG locales "indican que la mayoría de las denuncias" podrían relacionarse con abusos de las policías y el ejército, pero "esto no se refleja en los datos nacionales publicados", añade en el informe "Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México".
Así, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que mantiene el despliegue militar, "no ha demostrado hasta ahora tener la voluntad política de convertir la erradicación de la tortura en una prioridad clara", considera la ONG que lleva más de 50 años documentando el uso de la tortura en el país.
La tortura en México es "persistente, la impunidad prevalece y el acceso a la justicia para las víctimas es casi nulo", dijo durante la presentación del informe “Ruper Konx”, investigador de AI.
En el sistema judicial de este país existe "una predisposición contra la víctima", destacó.
El gobierno —que esgrime una disminución de 30% del número de denuncias sobre tortura entre 2012 y 2013, basándose en cifras de la CNDH— no comentó el informe.