En México, 39 millones de habitantes se identifican como indígenas y 2,6 millones como afrodescendientes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum se propuso escuchar estas voces ancestrales por medio de un proceso de consulta histórico sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Tras 38 días, la etapa deliberativa concluirá el próximo 13 de septiembre, y se espera que contribuya a materializar la primera ley indígena mexicana.
::: Indígenas boicotean consulta
Con esta iniciativa de ley, se busca "reconocer a las comunidades originarias y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se trata de traducir en términos legales la reforma constitucional de 2024", explica a DW Pierre Gaussens, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
Sin embargo, la consulta también ha llamado la atención porque representantes indígenas, como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), han boicoteado asambleas regionales de consulta.
Según Gaussens, amplios sectores de los pueblos originarios se oponen a la iniciativa porque no ha sido posible "llevar a cabo un proceso de consulta genuino".
Critican que el Gobierno de Sheinbaum haya planeado 82 asambleas regionales en un "periodo de tiempo demasiado corto, en territorios afectados por la violencia y dentro de una coyuntura preelectoral", detalla el académico.
::: Consulta no es vinculante
"La convocatoria tiene como objetivo recibir opiniones y no, como marca el derecho internacional, generar acuerdos y obtener consentimiento", prosigue el profesor investigador del Colegio de México, que destaca el carácter no vinculante de la consulta.
A su juicio, "los pueblos indígenas y afromexicanos ya no requieren el reconocimiento de derechos, sino garantías para ejercerlos en la práctica", es decir políticas y mecanismos concretos.
::: Resistencia mapuche en Chile: un caso diferente
En el otro extremo de América Latina y bajo otro color político, en Chile la resistencia de comunidades indígenas se dirige principalmente contra el aumento de la presión sobre sus territorios ancestrales bajo el Gobierno de José Antonio Kast.
"La situación de los pueblos indígenas en Chile es compleja y, sobre todo, preocupante", apunta Verónica Figueroa Huencho, profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, diferenciándola del caso actual mexicano.
El Gobierno de Kast muestra una "tendencia a abordar las demandas de las comunidades mapuche desde la perspectiva de la seguridad, el control territorial y la incorporación de las tierras ancestrales al mercado, antes que desde la perspectiva de los derechos colectivos", comenta la académica mapuche.
::: Posibles reformas amenazan tierras indígenas
El presidente chileno anunció posibles reformas legislativas, que amenazarían las tierras indígenas en el país sudamericano, donde 2,1 millones de habitantes se reconocen como pertenecientes a un pueblo originario, según el Instituto Nacional de Estadísticas.
Kast planteó una reforma a la Ley 19.253 (Ley Indígena), para permitir que las comunidades indígenas puedan arrendar o hipotecar sus tierras. Esto facilitaría que empresas extractivistas y agroindustriales las arrienden o adquieran.
En entrevista con DW, Figueroa explica que la legislación vigente prohíbe arrendar o ceder a terceros las tierras comunitarias y limita el arrendamiento de las tierras indígenas individuales a un máximo de cinco años.
::: Indígenas temen nuevo extractivismo
En referencia a la posibilidad de que empresas negocien con los pueblos originarios un acceso a las tierras, la experta mapuche sostiene: "En contextos de desigualdad, hablar de libertad contractual, como si todas las partes estuvieran en condiciones equivalentes, puede terminar por habilitar un nuevo ciclo de despojo".
Recientemente, fue aprobado a nivel ambiental un proyecto destinado a la extracción de tierras raras en territorio mapuche. Mediante la extracción de arcillas, el proyecto Módulo Penco busca producir concentrados minerales destinados a la electromovilidad, las energías renovables y las tecnologías avanzadas.
"La transición energética no puede convertirse en un nuevo extractivismo, que permita a otros países avanzar en su descarbonización, mientras los costos territoriales, ambientales y culturales vuelven a recaer sobre los pueblos indígenas", subraya Figueroa, profesora asociada de la Universidad de Chile.
Asimismo, el Gobierno de Kast propone reformar la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), que creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), para reconocer los usos consuetudinarios del borde costero y ceder su administración a las comunidades indígenas.
Figueroa cuenta que actualmente existen 31 ECMPO constituidos y alrededor de un centenar de solicitudes en proceso. Pero, sobre todo ante la presión de los sectores pesqueros y salmoneros, se buscaría modificar esta ley "instalando un discurso que pretende contraponer la idea de 'desarrollo' al rol de las comunidades indígenas", agrega.
La académica mapuche afirma que los pueblos indígenas "se encuentran en un estado de alerta permanente frente a la amenaza de que se retroceda en espacios legítimamente ganados y reconocidos en la normativa chilena".
Mientras que, en Chile, los pueblos originarios temen que el Estado pueda recortar sus derechos, el ejemplo mexicano muestra un avance en la materia, independientemente de la política estatal.
"En los últimos años, los derechos de los pueblos indígenas han avanzado en México, gracias a cambios que han sido introducidos, no desde arriba, sino desde abajo", sostiene Pierre Gaussens, del Colegio de México.
Y agrega que "muchas comunidades han logrado ejercer sus derechos a la libre determinación y al autogobierno a través de procesos de lucha y organización social".
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