Ciudad de México, México, 23 de enero de 2026 ::: El senador priista Pablo Angulo presentó una iniciativa
para extender de seis meses a dos años el periodo de inscripción obligatoria de líneas telefónicas. El legislador argumentó que el plazo actual es inviable para millones de usuarios, quienes corren el riesgo de quedarse sin servicio ante las dificultades técnicas y logísticas del proceso.
::: Una extensión con enfoque social y progresivo
La propuesta del PRI parte del reconocimiento de que el registro de líneas móviles no se da de manera uniforme en todo el país. Para ello, plantea modificar el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Según el legislador, la legislación actual omite las diferencias sociales, tecnológicas y territoriales existentes, lo que podría traducirse en una vulneración al derecho humano a la comunicación.
De igual forma, el legislador propone ampliar el plazo a dos años para permitir una implementación gradual y ordenada. Esto, según explicó, evitaría suspensiones masivas de líneas activas y daría margen al Estado para fortalecer sus sistemas tecnológicos y administrativos.
Angulo subrayó que el combate al delito y al fraude telefónico no debe realizarse a costa de la conectividad de la población. Señaló que comunidades rurales, personas adultas mayores, personas con discapacidad y trabajadores con horarios limitados enfrentan mayores obstáculos para realizar el trámite en el tiempo establecido.
::: Seguridad pública sin afectar derechos fundamentales
En un tercer momento, la propuesta aclara que la ampliación del plazo no elimina el registro ni debilita la seguridad pública. Por el contrario, busca fortalecerla al permitir una implementación más eficaz y con mayor cobertura. Según el senador, una política mal ejecutada puede generar efectos contrarios, como el uso de líneas no registradas o la exclusión de usuarios legítimos.
Finalmente, Angulo sostuvo que la iniciativa refleja una forma responsable de legislar, centrada en las personas y en el interés público. Afirmó que es posible combatir el delito sin castigar a quienes utilizan el teléfono celular como una herramienta esencial para trabajar, estudiar o mantenerse en contacto con sus familias.