Ciudad de México, México ::: 26 de marzo de 2026 ::: Los legisladores avalaron una propuesta reducida de la iniciativa
enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La aprobación evidencia las dificultades del bloque oficialista para mantener el apoyo total de sus aliados en temas prioritarios de la agenda política.
La iniciativa, bautizada como "plan B", es una nueva versión de la que presentó al Congreso a inicios de marzo, que terminó archivada porque sus partidos aliados del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) le negaron su voto.
Aquella versión buscaba reducir el presupuesto de los partidos y quitarles el poder de seleccionar a dedo a sus candidatos parlamentarios, lo que requería modificar la Constitución.
Sin el PT ni el PVEM, Sheinbaum no pudo reunir la mayoría calificada de dos tercios del total de congresistas necesaria para reformar la carta magna.
El "plan B" abandonó la pretensión de reducir el poder de los partidos sobre sus candidatos y se enfocó en recortar los cuantiosos recursos públicos que reciben.
Con ese ajuste, los aliados de Morena, el partido de Sheinbaum, aceptaron respaldarla: 87 de los 128 senadores votaron a favor y enviaron el proyecto a la cámara de diputados para su ratificación.
Sin embargo, el PT condicionó su apoyo a que se eliminara del "plan B" la propuesta de ampliar el plazo durante el cual los ciudadanos pueden solicitar un referéndum de revocación de mandato presidencial, figura instaurada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
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Analistas y opositores advirtieron que tras esta modificación subyacía una maniobra política: si el plazo se ampliaba, un eventual referéndum de revocación de Sheinbaum podría coincidir con las elecciones legislativas de 2027, lo que permitiría a la mandataria sumarse a la campaña proselitista.
La reforma aprobada reduce el gasto del sistema político mediante límites a las remuneraciones de dirigentes partidarios y funcionarios electorales, así como disminuciones al tamaño de la burocracia de representación.
También instaura una fiscalización más rigurosa del origen de los recursos en campañas políticas, a través de convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda para investigar aportes sospechosos.