A estas horas del domingo, la oficina de la consejera presidenta luce casi sin nada personal. Su salida del instituto es inminente,
y junto con ella un séquito de al menos 20 empleados de alto nivel, entre ellos Gerardo Reyes, con cargo de jefe de Información, con sueldo mensual de alrededor de 100 mil pesos más prestaciones, pero quien no cuenta con el título profesional, como lo mandata las reglas de ese órgano colegiado
Ciudad de México, 25 de octubre de 2026. De acuerdo a fuente cercana a Guadalupe Taddei, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), dejará este lunes su cargo tras su paso de tres años al frente del órgano autónomo que se le desbordó por sus "superpoderes" y con los que presuntamente benefició a empresas con adjudicaciones directas por bienes y servicios.
Fuentes allegadas al caso de presunta corrupción e inconformes con el actuar de Taddei Zavala confirmaron que la salida de la funcionaria ejecutiva del INE es está planteada para este lunes 26 de octubre en el transcurso del día. "Taddei no se autoimpuso límites, luego de que Morena en la Cámara de Diputados le dio superpoderes para hacer lo que quisiera. Y eso incluye la contratación de personal que no cumple con los requisitos para ocupar cargos de alto nivel".
De acuerdo con esta fuente, que pide el anonimato, el jefe de Información del INE, Gerardo Reyes, asumió el cargo sin contar con el título de licenciatura, sin el cual ningún aspirante puede obtener ese empleo.
Aunque Guadalupe Taddei Zavala dijo que no renunciaría al cargo, desde el gobierno de Morena han enviado señales de que "debe irse".
Este domingo, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar incluso se manifestó con que la renuncia no es suficiente. "Se debe llegar al fondo del caso y aplicar la ley, en caso de que se acrediten violaciones a la normatividad que rige a la administración pública.
En un comunicado, el vicecoordinador de Morena la Cámara de Diputados señaló que Taddei debe asumir su responsabilidad política y jurídica por señalamientos en su contra, aunque la renuncia, dijo, es un acto personal. "La Constitución y la ley establecen el procedimiento, y en caso de responsabilidad debe caer todo el peso de la ley", sentenció el legislador. Indicó que la titular de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral puede ser susitituda conforme a la ley, y debe asumir la responsabilidad política y jurídica que le corresponde por actos u omisiones en el ejercicio de su función, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
“La renuncia es un acto personal. Pero la responsabilidad institucional es ir a fondo en las investigaciones. La Constitución y la ley establecen el procedimiento”, afirmó el legislador morenista.
Para el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en caso de que la actual consejera general del INE, Guadalupe Taddei Zavala, presente su renuncia, es urgente nombrar a otra persona.
“Faltan 225 días para la elección y la institución responsable no puede quedar al garete, sin una cabeza que la conduzca con probidad”, subrayó.
De manera paralela, consideró, se debe llevar a cabo la investigación para establecer si es responsable, presentar la denuncia si es necesario, y proceder conforme a la norma.
“La renuncia será, en todo caso, un acto insuficiente. En caso de responsabilidad debe caer todo el peso de la ley”, enfatizó el diputado federal.
De acuerdo con los artículos 109, fracción I, y 110 de la Constitución, la Consejera General del INE se encuentra entre quienes pueden ser sujetos de juicio político. La denuncia debe presentarse ante la Cámara de Diputados, y es la Subcomisión de Examen Previo la encargada de analizar si la persona denunciada está sujeta a este procedimiento y si existen elementos suficientes para darle trámite.
En particular, el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos contempla como causas para ese procedimiento las infracciones a la Constitución o a las leyes federales que ocasionen perjuicios graves o alteren el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones graves en esos términos, y las violaciones sistemáticas o graves a las normas sobre planes, programas, presupuestos y manejo de recursos públicos federales.
Corresponde al Congreso valorar la existencia y gravedad de los actos u omisiones y, si la resolución es condenatoria, la ley prevé la destitución y la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Información de Eloisa Domínguez
Foto Tomada de sitio público de Reforma