México, 23 de junio de 2025 ::: Representantes del sector inmobiliario y de la industria de la vivienda rechazaron
la propuesta del Gobierno federal de permitir que personas que habitan de forma irregular viviendas del Infonavit puedan adquirirlas a bajo costo, como parte de un esquema de regularización.
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Occidente (ADI) expresaron su preocupación ante las declaraciones recientes del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quien sugirió la posibilidad de que ocupantes ilegales tengan la opción de adquirir las casas mediante un modelo de renta con opción a compra.
“No es viable jurídicamente. ¿Cómo van a disponer de propiedades que no son suyas? Algunos de los propietarios originales aún siguen pagando su hipoteca”, cuestionó Karen Correa, presidenta nacional de AMPI. Señaló que cualquier programa de acceso a la vivienda debe respetar los derechos de propiedad y ajustarse al marco legal vigente.
En un comunicado conjunto, las organizaciones reiteraron su disposición para colaborar en políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente para las familias de menores ingresos. Sin embargo, subrayaron que cualquier iniciativa debe preservar la certeza jurídica.
“Estamos convencidos de que toda iniciativa debe implementarse garantizando en todo momento certeza jurídica para todos los involucrados”, señala el desplegado publicado por la ADI y Canadevi. “Es imperante hacer respetar el principio básico del derecho a la propiedad, el cual está consagrado en nuestra Constitución, asegurando su proceder con total apego a las normas de derecho que nos rigen”.
Según datos recientes del Infonavit, en el país existen 843 mil viviendas con algún tipo de irregularidad. De ese total, alrededor de 144 mil han sido invadidas por personas que no cuentan con el crédito original ni con derechos de propiedad sobre el inmueble.
El Gobierno federal, a través del Infonavit, plantea regularizar estas ocupaciones mediante un programa que otorgaría a los actuales ocupantes la posibilidad de rentar y posteriormente adquirir la vivienda en un plazo de cuatro a cinco años. En paralelo, se contempla que los propietarios originales, cuyas casas fueron invadidas, puedan acceder a una nueva vivienda.
Esta propuesta ha generado controversia, particularmente entre desarrolladores y profesionales del sector inmobiliario, quienes advierten que abrir la puerta a la legalización de invasiones puede sentar un precedente riesgoso, minar la confianza en el sistema de vivienda y desalentar la inversión en el sector.
“Debemos trabajar juntos para atender el déficit de vivienda, pero sin vulnerar los principios jurídicos que dan certidumbre al patrimonio de millones de familias”, advirtió Karen Correa.
Las organizaciones reiteraron su disposición a participar en mesas de trabajo con el Gobierno para construir soluciones incluyentes, pero insistieron en que dichas soluciones deben garantizar la legalidad, proteger los derechos de los propietarios y evitar incentivos a la ocupación irregular de inmuebles.
::: Propone regularizar viviendas invadidas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, lanzó un programa que busca regularizar a personas que habitan de manera irregular viviendas abandonadas o con créditos impagados. Según un censo preliminar, se identificaron 168?000 inmuebles afectados, 145?000 de ellos habitados y 23?000 vandalizados, dentro de un universo de 843?000 viviendas con problemas.
El esquema ofrecerá contratos de renta con opción a compra, incluso a quienes no sean derechohabientes. Los ocupantes podrán adquirir la propiedad en un periodo de cuatro a cinco años, pagando una mensualidad accesible que se destinará parcialmente al precio de compra. El programa excluye viviendas con denuncias penales por despojo, según aclaró la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, se contempla reestructurar o reprogramar créditos para propietarios originales o brindarles otra vivienda, además de rehabilitar inmuebles abandonados para entregarlos a colectivos vulnerables.