Villahermosa, México, 24 de julio de 2025 ::: El escándalo derivado de la intensa búsqueda de Hernán Bermúdez Requena,
exsecretario de Seguridad en Tabasco, y la reciente detención de Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto”, ha expuesto con nitidez la compleja red de poder detrás de “La Barredora”, la organización criminal que en los últimos años se apoderó y sembró el terror en el sureste de México.
Lo que comenzó como una alianza entre exelementos policiales y mandos oficiales, derivó en una estructura que ha sabido sobrevivir y expandirse pese a las detenciones y fracturas internas que han afectado a su liderazgo y sus operaciones.
“La Barredora” tomó notoriedad mediática y policial en años recientes por su capacidad para infiltrar instituciones, tejer alianzas estratégicas con cárteles nacionales y diversificar sus fuentes de ingresos ilegales
::: De la Secretaría de Seguridad a la cúpula criminal
De acuerdo con informes oficiales filtrados por Guacamaya, el liderazgo original recae sobre Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, actualmente prófugo y con orden de aprehensión vigente.
Bermúdez fue señalado en diversos informes de inteligencia como el artífice del paso de esta organización del ámbito policial al control de delitos de alto impacto, aprovechando su posición institucional para otorgar plazas, liberar operadores y facilitar la expansión del grupo.
A su lado estuvo Ulises Pinto Madera, “El Pinto”, quien antes de ocupar el segundo puesto en la estructura delictiva, era jefe de escoltas de Bermúdez y exintegrante de las fuerzas de seguridad estatal. Juntos fundaron “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”, la primera versión organizada del grupo que, tras una serie de rupturas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), evolucionó en 2023 hacia lo que hoy se conoce como “La Barredora”.
A esta dupla se sumaron otros operadores clave: Benjamín Mollinedo Montiel, “El Pantera”, quien tomó control operativo en municipios estratégicos como Huimanguillo, Cárdenas y Paraíso, donde operaba su célula de robo de combustible. Tras su caída, Daniel Hernández Montejo, “Prada” o “El H”, relevó su liderazgo. En esta parte de la estructura alta también se encontraba Francisco Javier Custodio Luna, “Guasón”, expolicía estatal encargado de inteligencia interna y filtración de información sobre operativos a la estructura criminal.
Documentos revelados tras el hackeo masivo a la Sedena describen la operación coordinada entre estos actores y a su círculo de confianza, en el que aparecen nombres como José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”, exfuncionario estatal y operador logístico; Víctor Juárez, “Don Vito”, identificado en funciones de articulación con autoridades federales; y Adder Michel Frías Morales, “Michel” o “El Croas”, responsable de la administración de antros, cobro de piso y manejo financiero del grupo.
::: De la protección institucional al dominio territorial
La historia de “La Barredora” está íntimamente ligada a sus alianzas y rupturas con organizaciones nacionales. En un primer momento, la agrupación buscó el respaldo del CJNG, lo que le permitió enfrentar a grupos del Cártel del Golfo y asegurar rutas para el trasiego de hidrocarburos, drogas y migrantes. Sin embargo, tras una alianza fallida y la presión de fuerzas rivales, “La Barredora” apostó por una estructura independiente que mantuvo con protección institucional.
El grupo extendió sus operaciones a la comercialización de hidrocarburos robados, trata de personas, tráfico de armas, extorsión, robo y control de bares y centros nocturnos. En esa diversificación participaron figuras como Saúl y Tana Olán Olán, encargados de logística y transporte; Tony Chelo (“El Juanto”), comprador principal de hidrocarburo; y Belisario Martínez Silva (“El Barbas”), operador de trasiego y venta de drogas dentro y fuera de centros penitenciarios.
Además de los mandos visibles, la organización depende de una red de colaboradores menores —custodios, halcones, punteros, conductores de pipas, enlaces legales y asesores judiciales— cuyas identidades rara vez aparecen en expedientes públicos. Nombres como Norberto “El Peje”, detenido en Paraíso, ejemplifican la presencia de operadores de base involucrados en violencia local, armado y logística cotidiana.
Las áreas de influencia abarcan Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso (Tabasco), así como Reforma (Chiapas), donde “La Barredora” mantiene disputas con otros grupos regionales y alianzas tácticas con células menores como “Los Panteras”.
::: Estructura interna: principales figuras que se conocen hasta ahora
Cúpula de mando
• Hernán Bermúdez Requena (“El Abuelo”): Líder máximo, prófugo, exsecretario de Seguridad en Tabasco.
• Ulises Pinto Madera (“El Pinto” o “El Mamado”): Jefe de operaciones, recientemente detenido.
• Carlos Tomás Díaz Rodríguez (“Licenciado Tomasín”, “El 12? o “Dr. Tomás”): Colaborador directo, encargado de comunicación estratégica.
• Leonardo Arturo Leyva Ávalos (El Carnal): Posible enlace local con el CJNG.
Mandos operativos y coordinación
• Benjamín Mollinedo Montiel (“El Pantera”): Control de hidrocarburos y despliegue armado.
• Daniel Hernández Montejo (“Prada” o “El H”): Sustituto de “El Pantera” tras su detención.
• Francisco Javier Custodio Luna (“Guasón”): Expolicía estatal, responsable de inteligencia, también detenido.
Logística, finanzas y protección institucional
• José del Carmen Castillo Ramírez (“La Rana”): Operador y enlace institucional.
• Víctor Juárez (“Don Vito”): Articulador con Fiscalía General de la República.
• Adder Michel Frías Morales (“Michel” o “El Croas”): Finanzas y administración de bares y antros.
• Saúl y Tana Olán Olán: Encargados de transporte y apoyo.
• Belisario Martínez Silva (“El Barbas”): Venta de drogas dentro y fuera de penales.
Responsables locales y operadores subordinados
• Tony Chelo (“El Juanto”): Compra de hidrocarburos.
• Cristóbal Silva Castro (“El 350” o “El Diablo”): Operaciones en Reforma, Chiapas.
• Norberto “El Peje”: Actividades de violencia y logística local.
Sistema de colaboradores menores y protección
• Custodios, halcones, punteros, abogados, operadores de pipas, enlaces judiciales y complicidades en la FGE Chiapas y Guardia Nacional.
Áreas de operación
• Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso, Villahermosa (Tabasco) y Reforma (Chiapas).
::: Más allá de la cúpula: dinero, reclutamiento y sofisticación
• Dinámica de lavado y empresas fachada
La Barredora utiliza una red de empresas fachada en los giros de bares, antros, gasolineras y compra-venta de vehículos para lavar dinero procedente de sus actividades delictivas.
Ejecutan esquemas de dispersión financiera, fragmentando cantidades ilícitas en diversas cuentas y prestanombres, lo que complica la tarea de rastreo y congelamiento por parte de las autoridades financieras.
::: Reclutamiento, sustitución y control social
Para sostener su operatividad, el grupo recluta a jóvenes de colonias urbanas y zonas rurales como halcones y punteros con pagos semanales. Este sistema perpetúa un flujo constante de personal y dificulta la identificación de cuadros medios a pesar de las detenciones. Paralelamente, han doblegado a autoridades menores, como jefes de sector policial y comandantes rurales, mediante sobornos o amenazas.
• Tecnología y logística clandestina
La organización utiliza aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar trasiegos de droga y combustible o disponer puntos de reunión fuera del alcance de intervenciones telefónicas. Emplean vehículos adaptados con compartimentos ocultos, pipas con doble fondo y flotillas modificadas para el traslado seguro de recursos ilícitos.
• Violencia focalizada y amedrentamiento
Han ordenado ejecuciones públicas y implementado campañas de intimidación contra bandas rivales, funcionarios, comerciantes que se niegan a pagar extorsión, periodistas y defensores de derechos humanos que indagan su actividad, lo que reduce denuncias y dificulta la acción judicial.
• Alianzas temporales
Para asegurar rutas y evadir operativos focalizados, La Barredora mantiene alianzas temporales con células delictivas de Chiapas, Veracruz y Campeche, principalmente enfocadas en el trasiego de hidrocarburos y el tráfico de migrantes indocumentados.