Oaxaca, México, 5 de enero de 2026 ::: Las víctimas directas del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico,
ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025, preparan una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). El recurso legal se dirige contra diversas constructoras, contratistas y servidores públicos por presuntas irregularidades y fallas graves en la construcción, supervisión y operación del proyecto ferroviario en la Línea Z del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con los promotores de la acción legal, la denuncia será presentada el lunes 5 de enero de 2026 a las 11:00 horas en la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México. Las víctimas acudirán acompañadas de su equipo legal para exponer las fallas detectadas, así como sus exigencias de justicia y reparación del daño.
::: ¿En dónde fue el accidente?
El accidente se registró cerca de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, cuando un tren de pasajeros con alrededor de 250 personas a bordo —entre pasajeros y tripulación— se descarriló en una curva pronunciada, provocando que varios vagones cayeran por un talud de varios metros de altura.
El siniestro dejó 14 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales cinco permanecen graves. Tras el percance, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo de emergencia con ambulancias terrestres y aéreas, así como personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de salud, para atender a los heridos y brindar apoyo a las familias afectadas.
El Tren Interoceánico forma parte del proyecto estratégico que busca conectar los puertos de Salina Cruz (Pacífico) y Coatzacoalcos (Golfo de México), con el propósito de impulsar el comercio y el desarrollo regional.
::: Continúan las investigaciones
Tras el accidente, la FGR abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades. Versiones preliminares apuntan a deficiencias técnicas y de supervisión en la reparación y adaptación de las vías, sobre todo en tramos con curvas pronunciadas y pendientes.
Además, el caso ha reavivado cuestionamientos políticos y técnicos sobre la gestión del proyecto, con llamados a mayor transparencia y auditorías independientes, mientras las víctimas exigen que el siniestro no quede impune.