Los cinco magistrados que integran el pleno de este órgano jurisdiccional también tuvieron a su cargo evaluar a los 851 jueces y juezas que fueron electos en 2025. 762 obtuvieron resultado satisfactorio y 89 no satisfactorio
Ciudad de México::: a 21 de septiembre de 2026 A un año de funciones del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), un total de 75 magistrados y jueces de ambos sexos, además de que de las 851 personas juzgadoras que fueron electas en las urnas, 762 obtuvieron resultado satisfactorio y 89 no satisfactorio.
Al rendir su primer informe de laborales, la magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, expuso que este tribunal dio inicio a sus trabajos sin reglas propias, sin sistemas informáticos ni una estructura consolidada, al tiempo que recibió cientos de expedientes en trámite.
Hoy, refirió, el TDJ cuenta con cinco comisiones, una Secretaría General de Acuerdos, cinco Secretarías Ejecutivas y dos órganos auxiliares: el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial y el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Señaló que a la fecha recibieron 945 informes circunstanciados, se practicaron 628 visitas ordinarias de inspección, se recabaron 5 mil 92 encuestas y se instalaron seis visitadurías regionales para acercar la evaluación y la vigilancia judicial al territorio nacional.
Indicó que este órgano jurisdiccional asumió mil 167 investigaciones heredadas del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y registró un avance aproximado de 64% en su atención.
“Quien juzga también es juzgado. Esa es, en última instancia, la garantía de que nadie se encuentra por encima de la ley”, afirmó Celia Maya García.
El magistrado Rufino H León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, dijo que se sancionó a 75 personas servidoras públicas, entre las cuales se encuentran magistradas y magistrados, así como juezas y jueces.
Sin embargo, aclaró que la disciplina judicial “no puede convertirse en una instancia adicional para revisar el criterio jurisdiccional de juezas, jueces, magistradas o magistrados; nuestra función es analizar su conducta y determinar si se ajustó a los principios constitucionales que rigen su actuación; pero no sustituir su criterio jurídico ni convertir al Tribunal de Disciplina Judicial en un tribunal de alzada”. Además, subrayó que se atendieron mil 227 solicitudes del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, 24 solicitudes de la Comisión de Vigilancia y seis informes derivados de solicitudes de transparencia, lo que suma mil 257 gestiones administrativas. En este sentido, aseveró que en el primer año del TDJ se duplicaron los asuntos recibidos respecto de los que se atendían en el extinto CJF.
“En manos del Consejo de la Judicatura, la función disciplinaria implicaba recibir un promedio de 60 asuntos por año, los cuales se atendían en siete mesas de trabajo. Actualmente, este Tribunal y, particularmente, la Comisión de Disciplina, en los 10 meses de trabajo formal que lleva la comisión, hemos recibido más del doble de asuntos, 129, y solo lo hacemos con cinco mesas de trabajo”, detalló.
Indira Isabel García Pérez, presidenta de la Comisión de Evaluación, señaló que evaluar a juezas, jueces, magistradas y magistrados permite reconocer aciertos, identificar áreas de mejora y fortalecer la confianza en la función jurisdiccional.
Durante el primer año, la comisión celebró 33 sesiones ordinarias y seis extraordinarias, revisó los instrumentos del nuevo modelo de evaluación y dio seguimiento a los 945 informes circunstanciados de los órganos jurisdiccionales federales.
@eloisadominguez
Eloísa Domínguez, reportera, con 26 años de experiencia. Antes ha sido editora de temas internacionales, además de las secciones Seguridad y Justicia y jefa de las secciones CDMX en diversos medios impresos. Colabora también para la revista 'Buzos de la Noticia'
Al 7 de septiembre de 2026, la comisión había recibido 166 recursos de inconformidad: 77 se encontraban en trámite; 65 habían concluido esa etapa y fueron turnados a las magistraturas ponentes; 22 fueron resueltos por la Comisión y dos se desecharon. “Evaluar es construir confianza y, en el caso de jueces y magistrados, es asegurar que la justicia se mantenga como el pilar fundamental de nuestra democracia”, expresó.
La magistrada Eva Verónica de Gyvés Zárate, presidenta de la Comisión de Vigilancia, dio a conocer que al 31 de agosto de 2026 se habían regularizado 2 mil 715 expedientes de entrega-recepción, equivalentes al 97% del total, con lo que se brindó certeza jurídica a las personas que intervinieron en dichos procesos. De igual manera, detalló la radicación de 3 mil 81 avisos de demora y la atención de solicitudes ministeriales que derivaron en la suspensión de dos personas juzgadoras.
“Quienes integramos esta institución no llegamos para administrar inercias, llegamos para construir una institución confiable, capaz de prevenir, investigar, corregir y, cuando corresponda, sancionar”, afirmó.
A su vez, el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez, presidente de la Comisión de Investigación, reportó una productividad general de 87.01% en el análisis de expedientes de esa comisión.
Detalló que, en el periodo que se informa, se recibieron 580 recursos de inconformidad y reclamación, de los cuales 389 ya fueron turnados a ponencias y 313 están formalmente aprobados. Asimismo, se desahogaron 226 acuerdos de conclusión (83% de avance) y se concluyó la revisión de 64 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), con un avance de 87% en este rubro. “Estas cifras constituyen la expresión del trabajo técnico y jurídico que se realiza cotidianamente detrás de cada asunto; nos permiten comprender la dimensión de la labor de recepción, análisis, estudio y discusión para dar atención a los casos sometidos a este tribunal”, señaló.
Durante este periodo se instaló la Autoridad Garante como máxima instancia en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Las y los integrantes del Pleno del TDJ coincidieron en que con estos resultados se refrenda su compromiso de ejercer sus atribuciones con rigor técnico, respeto al debido proceso, cercanía con la ciudadanía y disposición permanente a la rendición de cuentas y al escrutinio público.