Ciudad de México, México ::: 5 de noviembre de 2026 ::: La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 43 personas físicas y morales vinculadas a empresas
proveedoras de órganos electorales a la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar operaciones financieras atípicas y de alto riesgo, al tiempo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades por presunto lavado de dinero y desvío de recursos.
La medida comprende a 28 personas físicas y 15 personas morales. “La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”, indicó en un comunicado.
Hacienda no precisó a las personas incorporadas a la lista ni con cuáles proveedores electorales están vinculadas. Tampoco detalló los montos de las operaciones financieras, las fechas en que se realizaron o los elementos de riesgo detectados.
La UIF sostuvo que estas acciones forman parte de sus labores de prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Añadió que el análisis de información financiera y la coordinación entre autoridades deben garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.
El anuncio llega en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en licitaciones, uso de recursos públicos y conflictos de interés en Organismos Públicos Locales Electorales y el Instituto Nacional Electoral, tras el caso de presunta corrupción de la ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
El 23 de octubre pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de una investigación de oficio en contra de estos organismos, así como de empresas, servidores públicos y proveedores electorales. Señaló que existen indicios de posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.
Este miércoles, extendió sus investigaciones y ahora contempla el extinto IFE. Revisará las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 para identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales de empresas o servidores públicos. También realizará una auditoría integral al INE y revisará la totalidad del gasto ejercido por los organismos electorales locales.