En un Punto de Acuerdo presentado por la legisladora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores; señala que el Congreso no puede permanecer como un observador en torno a la violencia y agresiones de que son víctimas los activistas de los derechos humanos y los periodistas.
Ejemplificó recientemente los asesinatos de Herón Sixto López y Alberto López Bello, activista y reportero respectivamente, en el estado de Oaxaca. Sus cuerpos fueron encontrados con menos de una semana de diferencia.
El Punto de Acuerdo solicita se condenen los asesinatos de los personas anteriormente mencionadas; se exhorta al Gobernador del estado de Oaxaca a que dentro de sus facultades implemente acciones que den con el paradero de los actores intelectuales y materiales de los hechos; y finalmente, al Secretario de Gobernación, se le exhorta a que se actualicen los protocolos de situación de riesgo inminente, para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de los afectados en todo el territorio.
Destacó que el gobierno ha recibido constantes llamados para poner cartas en el asunto por parte de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y de Amnistía Internacional, además de otros organismos, quienes también han solicitado se atienda el problema.
El número de denuncias, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), registra que entre los años 2000 y 2013, sólo un nueve por ciento de estas han sido resueltas por las autoridades correspondientes, mientras que la gran mayoría prevalecen en un estado de impunidad.
Respecto a los defensores de derechos humanos, el panorama muestra del año 2005 al presente un registro de 30 homicidios y ocho desapariciones.
El Congreso de la Unión aprobó la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; el Ejecutivo federal la promulgó, es vigente, explica De la Peña, el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, se instaló y sesiona; la mayoría de los estados excepto Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y el Distrito Federal, han firmado convenios de colaboración. A pesar de ello, los agravios contra estos grupos vulnerables continúan.
“Es inaplazable que el Congreso de la Unión analice, estudie y resuelva si la ley en la materia requiere adecuaciones; que el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, lleve a cabo una evaluación de sus procedimientos de acción y mejorarlos; que la PGR y los procuradurías estatales, diagnostiquen sus programas de colaboración, comunicación y protección.”