Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aereoles Conejo, hizo un llamado a las autoridades del país a evitar una “cacería de brujas” por las presuntas irregularidades en la autorización en los asentamientos más afectados por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, pidió que la CNDH y la PGR investiguen la responsabilidad de los tres niveles de gobierno en “la tragedia”.
Al respecto, Monreal Ávila, dijo que pediría a esta instancia de la Cámara de Diputados que se solicite esa investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Procuraduría General de la República (PGR).
En declaraciones a la prensa, poco antes de la reunión de hoy en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que se debe definir qué autoridades federales, estatales o municipales autorizaron modificar el uso de suelo para construir en lugares donde había manglares o cauces de ríos, además de si hubo o no alertas tempranas, avisos oportunos por la llegada de los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, aseguró.
Que se defina “si hubo o no negligencia criminal” de alguno de los gobiernos, insistió y dijo que lo pasado por las recientes lluvias en el país es muy grave y no puede seguirse en la cultura de la impunidad, como si nada hubiera pasado.
Monreal Ávila afirmó que los daños causados por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, se estiman de manera preliminar en unos 100 mil millones de pesos en 22 estados, entre ellos Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
Dijo que su bancada considera que se registró negligencia criminal “al más alto nivel del gobierno federal”, porque “no hubo alertas ni emergencias”.
No basta con que se entreguen despensas, se apapache y palmee a los damnificados, lo que se tiene que hacer es castigar a los responsables para que no se vuelvan a repetir este tipo de tragedias”, indicó el diputado de MC.
También señaló que en San Lázaro se está a la espera de la solicitud del Ejecutivo federal para reasignar recursos del presupuesto a fin de iniciar de inmediato la rehabilitación y reconstrucción en las entidades afectadas, “porque la única instancia que puede modificar el presupuesto es la Cámara de Diputados”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputado, Silvano Auroeles hizo un llamado a las autoridades del país para evitar una “cacería de brujas” por los permisos e irregularidades que se han presentado en los sitios más afectados por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel.
Pidió por lo tanto, concentrar esfuerzos en atender la contingencia por las recientes inundaciones y no especular en supuestas irresponsabilidades de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
“No especulemos, que se haga la investigación correspondiente, no sería justo que empiece está disputa cuando no se termina la contingencia”, dijo al mismo tiempo que calificó de injusto abrir esa disputa, cuando todavía no se termina de atender la emergencia.
“Que se dé la investigación y que se sepa –la verdad- para no especular con nadie, porque empieza luego, luego el reparto de culpas y los linchamientos, sin todavía tener los lineamientos que requiere el tema”, afirmó Aureoles Cojeno.
En conferencia de prensa, el diputado perredista sostuvo que una vez que se haya atendido en su totalidad la emergencia generada en gran parte del país por los femémonos meteorológicos Ingrid y Manuel, debe iniciarse una investigación que aporte elementos para deslindar responsabilidades.
Porque, afirmó que “la población damnificada no va ver bien que empiece ahora la búsqueda de culpables, la cacería de brujas, cuando lo que se requiere es que se resuelvan los temas de atención”.
De esta forma el gobierno federal salga a decir que si emitió la alerta y posteriormente responsabilice a los municipios que son el nivel de autoridad con menos capacidad para responder a las contingencias meteorológicas.
Subrayó que sin la investigación correspondiente, la discusión se centra sólo en “reparto de culpas y linchamientos”.
Sobre el otorgamiento de permisos de construcción en zonas de riesgo, Aureoles Conejo indicó que es un asunto de responsabilidad compartida, toda vez que los municipios son los que otorgan las licencias, sin embargo, los cauces de ríos, arroyos y lagos son competencia federal.