Una de las reformas fundamentales de este año la ha representado la aprobación de la Ley Anticorrupción que establece la creación de un órgano autónomo que cuidará de que los funcionarios públicos den cuentas de sus actos y en su caso sean sancionados, dijo la senadora de Querétaro, Maricela Torres Peimbert.
Entrevistada por Eduardo Ramos Fusther, en la emisión de “Voces al Aire” por el 760 de AM, la legisladora reiteró que este nueva normatividad buscará avanzar en el combate a los actos de los casos de corrupción documentados en el gobierno federal así como en los gobiernos de los estados y municipios.
Explicó que la Cámara alta avala la creación de un órgano autónomo que se prevé sustituya a la Función Pública; la reforma es turnada a la Cámara de Diputados para su análisis. “Este órgano anticorrupción es un nuevo instrumento para que los funcionarios den cuenta de sus actos, así como particulares que estén involucrados en actos de corrupción.
Dijo que el órgano anticorrupción que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción que se creará una vez que entre en vigor la nueva Fiscalía General de la República.
La funcionario dijo que recientemente el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma constitucional de la llamada "ley anticorrupción", que crea un órgano autónomo en la materia que se prevé sustituya a la actual Secretaría de la Función Pública (SFP). Con la dispensa de todos los trámites, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución, y que busca combatir la corrupción en todos los niveles de Gobierno e instituciones.
Explicó que todas estas modificaciones incluyen la creación de un nuevo órgano encargado del combate a la corrupción, que estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción.
Torres Peimbert dijo que esta figura se replicará en todas las entidades federativas, garantizando la eficacia en el combate a la corrupción, mediante un sistema nacional que tiene como base la facultad del órgano federal de atraer asuntos que inicialmente son competencia de estados y municipios.
MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES MÁS CORRUPTOS
La senadora por Querétaro reiteró que en recientes encuestas de cada 10 ciudadanos 8 aseguran que México tienen un alto grado de corrupción en todos los niveles por lo que se debe avanzar en combatir este asunto con más fuerza. Explicó que incluso este órgano tendrá funciones de Ministerio Público descentralizado de los ejecutivos federal, local y municipal, con lo que no habrá salida para cualquier acto irregular.
Ante la pregunta de Ramos Fusther, sobre el Órgano Anticorrupción, dijo que la reforma establece que el órgano responsable de combatir la corrupción aplicará el procedimiento administrativo sancionador, con el fin de salvaguardar la obligación de los servidores públicos de desempeñar su empleo mediante los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
El dictamen instituye que debe hacerse una minuciosa revisión de la legislación secundaria, como es el caso del marco de actuación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para promover la simplificación regulatoria.
Además de las leyes de Compras, Adquisiciones y Obras Públicas, la Ley de Archivos, de Asociaciones Público-Privadas y la del Servicio Profesional de Carrera y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con la aprobación de esta reforma, en adición a la recién aprobada reforma constitucional en materia de transparencia, la inclusión de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción en la reforma política, y las reformas a la deuda pública local, se crea un Sistema Nacional de Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
La reforma busca expedir una ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, que será aplicable a todos los órdenes de Gobierno.
Dijo que uno de los objetivos que buscaba y que finalmente se logró es que el dictamen a discusión contempla la elevación a rango constitucional del combate a la corrupción. “Se han dado pasos importantes para establecer que los sujetos obligados no puedan pasar inadvertidos al momento de infringir la ley en actos de corrupción”.
Asimismo Torres Peimbert consideró que la reforma es una respuesta a la demanda de la sociedad para el saneamiento de la sociedad en materia de combate a la corrupción. Expuso que esta práctica ha hecho mella en la sociedad mexicana, ante lo cual se deben tomar medidas urgentes para extirpar de raíz este cáncer social.
Finalmente aseguró que esto es una cuestión cultural que conlleve a mejorar en este aspecto y se evite actos corruptos.