Economí­a Nacional
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* Políticas discrecionales violan derechos laborales

Javier Cerón Espinosa

El empleo informal está enclavado en las estructuras de los sectores productivos, lo mismo en las empresas, industrias, comercios, servicios y de actividades extractivas y de agricultura, que creció bajo políticas discrecionales que permitieron violar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores.

El sector obrero aglutinado en la CTM, CROC, CT, se ha movido bajo los intereses de los sindicatos y la proliferación de contratos de “protección”, que dejaron en estado de indefensión a los trabajadores, sin que la autoridad haya intervenido con decisión.

Bajo esta radiografía del empleo informal, la Asociación de Abogados Democráticos, señala que las dependencias públicas federales, estatales y municipales, por años han mantenido en sus estructuras a miles de trabajadores bajo las figuras laborales de “eventuales”, “por contrato”, “meritorios”, “de enlace”, “por obra determinada”, “honorarios” y “subcontratados”.

Con estas prácticas, el sector público se ha ahorrado miles de millones de pesos al no otorgar seguridad social, al tiempo que cancela la oportunidad a los trabajadores de obtener incrementos salariales, bonos anuales ó sexenales, así como una jubilación y pensión.

Asimismo, en el sector público la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), en voz de su dirigente Joel Ayala Almeida, ha señalado que por lo menos hay unos 100 mil trabajadores que no tienen seguridad social, ni prestación social alguna, por lo que planteará a la Secretaría de Hacienda, que sean incluidos en el programa de lucha contra el empleo informal, porque hay servidores públicos que tienen muchos años en condiciones preciarías y que no han podido acceder a la estabilidad en el empleo.

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El crecimiento es la única respuesta contundente y permanente para disminuir la pobreza en México, por ello el compromiso del gobierno federal de mantener la estabilidad económica y de rediseñar programas para vincularlos a la productividad, sostuvo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

 

El 3 de agosto próximo, los 119 aspirantes a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) presentarán los exámenes indicados en la Constitución Política mexicana y en las convocatorias respectivas.

El Comité de Evaluación de este proceso informó que el número de aspirantes que entregaron su documentación y cumplieron los ocho

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La meta de formalizar 200 mil empleos por honorarios para lo que resta del año es razonable si todos hacen su tarea, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón.

En lo que se tiene que trabajar con mayor énfasis, dijo, es en otorgar a los empresarios de menor tamaño las facilidades para que formalicen a sus empleados, sin que ello signifique cargas onerosas para la economía de la empresa.

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El bienestar de la población es el principal objetivo hacia donde deben converger todas las reformas estructurales que en la actualidad se analizan y discuten, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”, destaca que llegar a un entorno de este tipo implicaría haber logrado avances importantes en temas como educación, salud, seguridad y Estado de derecho.

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La propuesta de reforma fiscal que el Ejecutivo Federal planea enviar en septiembre próximo al Congreso de la Unión y que contempla gravar alimentos y medicinas, representaría un severo golpe al bolsillo de los mexicanos, lo que incrementaría la pobreza en el país.

El diputado del PRD, en la Asamblea Legislativa  Vidal Llerenas Morales, dijo que se trata de una medida errónea en materia de recaudación.

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El lavado de dinero es un delito que da lugar a la impunidad en materia del orden patrimonial como lo son el secuestro, las extorsiones, los robos, los fraudes, la evasión fiscal, la trata de personas y el narcomenudeo.

Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  (ALDF),  advirtió que el paquete "Anti-Lavado" consiste en modificar cinco ordenamientos de la ciudad: el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Extinción de Dominio, La Ley de

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