México, 20 de noviembre 2022: Los organismos que fingen como árbitros, ante los incumplimientos, no deciden con base a
consideraciones ambientales, sino en las cláusulas del tratado que las empresas alegan que el país incumplió
José Luis Pech, senador por Movimiento Ciudadano (MC), presentó un punto de acuerdo para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a vigilar que los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el Estado mexicana no vayan en contra de la economía nacional.
Además de no contravenir los intereses económicos de la nación, el punto de acuerdo también involucra los derechos ambientales, sociales y humanos, por o que solicitó un análisis exhaustivo de los tratados ya firmados, para identificar los impactos sociales, ambientales y económicos que presentan para que éstos sean corregidos cuando dichos acuerdos sean revisados o actualizados.
Bajo esa lógica, el ex abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidió identificar o crear alternativas diferentes a la del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), para resolver litigios futuros en nuestros acuerdos comerciales.
Detalló que México tiene suscritos 31 tratados bilaterales de inversión y 11 tratados de libre comercio, los cuales prevén acudir a tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estados.
Es en ese contexto en el que recordó que México es el tercer país más demandado a nivel regional, el sexto más demandado a nivel mundial, y el 90% de las demandas han sido interpuestas por inversionistas estadounidenses canadienses y europeos, lo que se debe a la posición geográfica en el continente, así como la gran diversidad de recursos naturales en el territorio.
El CIADI es una de las instancias que el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) estipula para dirimir parte de las controversias internacionales, principalmente entre inversionistas y Estados. El gobierno de México, en 2018, firmó un acuerdo para que las controversias sean definidas a través de este organismo.
Al respecto, denunció que la mayoría de las resoluciones se otorgan a favor de los inversionistas extranjeros, lo que refleja algún tipo de parcialidad por parte de los árbitros del CIADI, pues no deciden con base a consideraciones ambientales, sino en las cláusulas del tratado que las empresas alegan que el país incumplió.
Por ello, aseveró que es importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice un análisis exhaustivo de los acuerdos comerciales firmados y sus impactos para la sociedad y economía del país. Además, en el punto de acuerdo que fue remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador pidió que se busquen mejores alternativas de solución, apegadas a la protección de los derechos ambientales, sociales y humanos, así como en favor de la economía nacional.
Por su cuenta, el PRI en el Senado de la República presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precise que el gobierno federal no tomará recursos de los fondos de ahorro para el retiro, de vivienda, los bonos de pensiones y las Siefores para direccionarlos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
Claudia Anaya, senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria “representa un atentado en contra del ahorro de millones de familias mexicanas y pone en riesgo el futuro financiero de los hogares”.
Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Economía del Senado, pidió que las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos, convoquen a una reunión de trabajo con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico) y Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, con la finalidad de que detallen qué activos financieros pretende utilizar para capitalizar el Fondo de Estabilización.