Tepic, México ::: 29 de abril de 2026 ::: El conflicto por la Playa Las Cocinas escaló tras la detención de manifestantes
por parte de fuerzas estatales en las inmediaciones de un nuevo desarrollo turístico. El gobierno inició mesas de negociación para garantizar el derecho al tránsito público hacia el litoral, buscando evitar nuevos altercados con las corporaciones de seguridad.
Los pobladores mantenían un bloqueo en la carretera federal 200, a la altura del crucero hacia Higuera Blanca, en protesta por el uso de maquinaria pesada que —afirman— levanta un muro de piedra a escasos metros del mar, afectando zonas de anidación de tortugas marinas y alterando la línea natural de la costa.
Ante este escenario, autoridades federales y estatales mantienen atención institucional permanente para encauzar el diálogo y garantizar el acceso público a Playa Las Cocinas, ubicada en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), en Punta Mita, Nayarit.
::: Coordinación entre Federación, Estado y comunidad
En esta acción conjunta participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Gobierno de Nayarit, quienes mantienen comunicación directa con habitantes y actores involucrados, ante las manifestaciones surgidas por el desarrollo de un proyecto turístico en la zona.
::: Mesas de trabajo y supervisión ambiental en puerta
Las reuniones incluyen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autoridades estatales, representantes de la empresa desarrolladora y pobladores de Punta Mita.
Como parte de los acuerdos, se instalarán mesas de diálogo para atender las inquietudes de la comunidad, revisar el avance de las obras en Playa Las Cocinas y dar seguimiento a las evaluaciones técnicas y ambientales.
Asimismo, la Semarnat realizará labores de supervisión y verificación para asegurar que cualquier intervención cumpla con la normativa vigente.
::: Legalidad, desarrollo y respeto al entorno como ejes
La Secretaría de Gobernación reiteró que el libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme a la ley, por lo que será un eje central en la toma de decisiones.
En este sentido, se busca que la inversión se desarrolle bajo criterios de legalidad, diálogo social y respeto ambiental, además de contribuir al empleo y al desarrollo económico local. Las autoridades aseguraron que continuará la interlocución para alcanzar soluciones pacíficas e institucionales.