Ciudad de México, México ::: 19 de junio de 2026 ::: La presidenta del organismo autónomo, Rosario Piedra Ibarra,
exhortó a las corporaciones de los tres niveles de gobierno a unificar criterios de investigación penal. La funcionaria sostuvo que este agravio constituye una de las expresiones más severas de discriminación y violencia de género en el país.
Durante la inauguración del simposio "La tortura sexual en México: situación, desafíos y buenas prácticas en la prevención e investigación", la titular de la CNDH subrayó que eliminar esta problemática requiere consolidar los mecanismos institucionales destinados a la atención de las víctimas, la investigación de los casos, la reparación integral del daño y la implementación de medidas que eviten la repetición de estas conductas.
Indicó que a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se hace un monitoreo permanente en centros de privación de la libertad, y que de 2021 a la fecha se han emitido 18 informes con propuestas de buenas prácticas con enfoque de género para proteger a personas privadas de la libertad.
En el evento, autoridades de comisiones estatales de derechos humanos coincidieron en que la tortura sexual es una problemática persistente que necesita prevención activa, atención multidisciplinaria y fortalecimiento institucional con la finalidad de evitar la impunidad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche alertó que tres de cada 10 mujeres habrían sido víctimas de dicha clase de violencia, mientras que en 2025 se han iniciado 848 investigaciones relacionadas.
Por su parte, representantes de Hidalgo y Tlaxcala subrayaron la necesidad de colocar la dignidad humana en el centro de las políticas públicas y de pasar de la reacción a la prevención.
El director general de la Segunda Visitaduría de la CNDH recordó que a pesar de que la legislación mexicana no distingue modalidades de tortura, el Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como una manera específica y especialmente grave.
El simposio se llevó a cabo en el Centro Nacional de Derechos Humanos "Rosario Ibarra de Piedra" y contó con la participación de autoridades federales y estatales del sistema de derechos humanos.