De acuerdo con datos oficiales, entre 1993 y 2018 se parcelaron más de 208,000 hectáreas de tierras de uso común
para su posible privatización, con un repunte significativo en los últimos 10 años (Por Esto, La mafia agraria alcanza Quintana Roo, 12 de febrero 2021), situación que incrementó los litigios en materia agraria, especialmente en zonas costeras como Tulum, Isla Mujeres y Bacalar (Novedades Quintana Roo, Crecen litigios por tierras ejidales en Quintana Roo, 11 de octubre de 2024), y ello se debe principalmente a la expansión turística como motor que impulsa la especulación inmobiliaria, generando presiones sobre ejidos cercanos a la costa, a lo que hoy se conoce también como gentrificación en algunos grupos políticos y sociales.
Algunos de los casos más emblemáticos de despojo que se han dado son los siguientes:
Este aumento de delitos contra el desarrollo urbano sin consecuencias contundentes,no solamente es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que acumula carpetas sin solución, en muchos casos debido a la protección de personajes políticos que desde los tiempos de Roberto Borge y hasta hoy en día, han fomentado invasiones y despojos con fines electorales siendo premiados por sus respectivos partidos políticos con cargos locales y federales, sino que también producto de reformas al código penal sin consecuencias claras o carentes de penas, como las que fueron recientemente adicionadas por quien suscribe y que están en proceso de análisis en las comisiones de turno, y a las que adicionaremos más fracciones elevando penas en algunos casos siguiendo el ejemplo de la Ciudad de México y otras legislaturas más adelantadas.
Todo ello, ha permitido que el crecimiento desmedido de invasiones y de despojoshaya ido en aumento en los últimosaños tal como se observa en la siguiente tabla de 2020 elaborada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por ello es importante que, desde el Congreso del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanosimpulsemos de forma conjunta con la sociedad civil y la Fiscalía General de Justicia del Estado, para cerrar el cerco a estos delitos que ponen el riesgo a miles de personas, generan problemas graves de movilidad, afectan proyección urbana, y desincentivan la inversión.
De no ser así, las invasiones políticas y despojos de las mafias seguirán, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido en Macondo.
Doctor en Derecho, Hugo Alday Nieto.
(Licenciado en Derecho con mención honorífica. Maestro en Derecho empresarial. Maestro en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Doctor en Derecho con mención honorífica)