Hace unos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente se convirtió de nuevo en la nota
internacional, en materia jurídica, claro está, sino que, además, pasó por encima de todo el marco jurídico mexicano, pisoteando las facultades constitucionales del Poder Legislativo.
Yaque, votando un Acuerdo en el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, con una mayoría de 5 votos, la nueva Corte determinó que, los juicios que a su criterio hubiesen sido resueltos a través del aprovechamiento de la Ley o de algún fraude procesal, serían resueltos nuevamente por esa Corte, es decir, tiraron de golpe y plumazo el principio constitucionalde certeza jurídica del que llevamos escribiendo ya dos semanas.
Una situación lamentable, ya que después de estar leyendo a Michael Foucault en estos días, me quedé con una interesantísima descripción que hace de la Ley y que viene a modo paracompartirla en este texto: “La ley no nace de la naturaleza, junto a los manantiales que frecuentan los primeros pastores; la ley nace de las batallas reales, de las victorias, las masacres, las conquistas que tienen su fecha y sus héroes de horror; la ley nace de las ciudades incendiadas, de las tierras devastadas; surge con los famosos inocentes que agonizan mientras nace el día.” De allí que, el principio de certeza jurídica que se encuentra en la figura de la cosa juzgada y que costó tantas batallas no debiera ser desaparecido a propuesta de una ministra con doctorado en derecho de dudoso REVOE, ya que, tan solo de su preparación formal podemos deducir que la conceptualización de derecho que esboza siempre tendrá alguna deficiencia.
Pues en efecto, la ministra Lenia Batres ante el asombro de los abogados de mundomundial, dijo en el Pleno de la Corte que: “No debe privilegiarse una aplicación rígida del principio de cosa juzgada, que convalida o convalide actos fraudulentos, pues ello vulnera la seguridad jurídica, por el contrario, tendría que asegurarse la existencia de una instancia que permite revisar controversias originadas en fraude procesal”.
Sin embargo, desde Facebook® en la mañanera, la presidenta de México expresamente se opuso a esa terrible determinación tomada por acuerdo mayoritario de la nueva Corte,señalado que:“lo que ya fue juzgado fue juzgado” e invitó a los ministros prácticamente a dejar de meterse en temas esotéricos y ponerse a resolver el rezago existente.Y más claro no pudo ser el mensaje de la presidenta de México cuando les lanzó una frase mortal “los jueces no legislan”.
Sin duda, aplaudí con fuerza a la presidenta en ese momento porque sentí que mis pasados artículos sobre el debate de Hart y Dworkin, del conflicto entre el Juez Herbert y el Juez Hércules, no habían sido en vano, porque esa última frase de que los jueces no legislan, ha sido mi constante reclamo a esta nueva Corte.
Lo lamentable de todo esto, es que la Constitución Política, además de que no establece ninguna facultad para el Poder Judicial, a efecto de que pueda asignarse estas atribuciones, tampoco le confiere al Ejecutivo Federal, la posibilidad de darle marcha atrás a un Acuerdo del Pleno del más alto Tribunal de la Nación, y, por lo tanto, dicho Acuerdo por absurdo que sea, sigue siendo OBLIGATORIO para los ministros presentes y futuros de la Suprema Corte.
Sin duda un tema para desmenuzarlo con calma porque violenta absolutamente todo el estado de derecho, y hoy se abre la oportunidad para el debate desde la doctrina haciendo un ejercicio de la“Parrhesia”, que segín Foucault, es la apertura que hace que uno diga lo que tiene que decir, lo que tiene ganas de decir, lo que considera un deber decir, porque es necesario, porque es útil, porque es verdad.
De no ser así, el Acuerdo inconstitucional seguiría vigente hasta que los mismos que lo votaron lo desechen, en una Suprema Corte donde los acuerdos que se toman, como diría Joaquín Sabina, son como las cosas que no tienen mucho sentido.
Doctor en Derecho, Hugo Alday Nieto.
(Licenciado en Derecho con mención honorífica. Maestro en Derecho empresarial. Maestro en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Doctor en Derecho con mención honorífica).