Ciudad de México, México, 23 de febrero de 2026 ::: Autoridades cibernéticas reportaron un incremento en estafas
mediante enlaces maliciosos enviados por mensajería móvil. El fraude, que promete depósitos pendientes, permite a los delincuentes acceder a cuentas bancarias y apartados de ahorro. Se recomienda a la población no dar clic en vínculos sospechosos y verificar cualquier movimiento directamente en las aplicaciones oficiales de sus instituciones financieras.
Como ella, miles de mexicanos son víctimas de fraudes financieros y robos de identidad en línea, una tendencia que mantiene una trayectoria ascendente en el país.
Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señalan que, durante el primer semestre de 2025, se registraron dos millones 484 mil reclamaciones por posible fraude, 5.2% más que en el mismo periodo de 2024. El monto total reclamado llegó hasta los 10 mil 714 millones de pesos.
En materia de robos de identidad, las quejas acumularon 634 millones de pesos en los primeros seis meses del año pasado, un incremento anual de 24.6%. Los delitos más frecuentes incluyen la contratación de productos y servicios a nombre de terceros, apertura de cuentas, solicitud de créditos y sustracción de recursos financieros mediante suplantación.
::: La alerta se remarca en el sector fintech (tecnología financiera).
El vocero nacional del Buró de Crédito, Wolfgang Erhardt Varela, atribuye parte del problema a la sobreexposición de datos personales en las redes sociales y los portales digitales. Fotografías de documentos oficiales, información laboral y datos de contacto facilitan que los delincuentes completen “las piezas faltantes” para abrir cuentas o solicitar préstamos.
Se estima que cada mes se envían alrededor de 20 millones de correos electrónicos y mensajes de texto fraudulentos. Con apoyo de inteligencia artificial, los ciberdelincuentes personalizan ataques a partir de bases de datos públicas o robadas.
Erhardt advierte que los intentos de fraude aumentan en las temporadas festivas y ante los eventos de alta demanda, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando proliferan ofertas falsas de boletos o promociones engañosas.
Los jóvenes suelen ser más vulnerables en las redes sociales, mientras que los adultos y las personas mayores enfrentan mayores riesgos en WhatsApp, correo electrónico y mensajes de texto SMS. Ante ello, especialistas recomiendan evitar abrir enlaces no solicitados, verificar directamente con las instituciones financieras, activar la autenticación de dos factores, cambiar contraseñas periódicamente y monitorear estados de cuenta de manera constante.
La prevención, coinciden los expertos, es la herramienta más eficaz frente ante un delito que evoluciona al ritmo de la tecnología, y la denuncia oportuna puede facilitar la recuperación de recursos y la investigación de las autoridades financieras correspondientes en beneficio de los usuarios afectados y reducir daños futuros potenciales adicionales.
::: Tardan hasta tres meses en identificar robo de identidad
La falta de denuncias y la escasa práctica de revisar regularmente el historial crediticio y las cuentas bancarias provocan que una persona pueda tardar hasta 90 días en identificar que fue víctima de fraude o robo de identidad, advirtió el vocero nacional del Buró de Crédito, Wolfgang Erhardt Varela.
El especialista explicó que muchas víctimas desconocen que existe un problema hasta que reciben una notificación por adeudos vencidos, lo que puede ocurrir tres meses después de haberse cometido el fraude. Esto sucede debido a que las instituciones crediticias suelen emitir alertas cuando una cuenta presenta atrasos prolongados en los pagos.
“Las personas no se han enterado que tienen un problema y cuando se enteran no lo denuncian. Normalmente una persona se entera de un robo de identidad 90 días después del hecho, porque cuando tienes cartera vencida, 90 días sin pagar, la empresa que emitió el crédito se preocupa. Entonces te llega un aviso”, señaló.
Entre las afectaciones más comunes se encuentran cargos no reconocidos en tarjetas de crédito, préstamos solicitados sin autorización del titular y la realización de trámites financieros fraudulentos. Estas acciones pueden generar deudas elevadas que permanecen activas hasta que la institución financiera exige el pago correspondiente o el usuario detecta la irregularidad.
Ante este escenario, el vocero recomendó a los usuarios revisar de forma constante sus estados de cuenta bancarios y su historial crediticio, especialmente después de realizar compras en línea o conectarse a redes públicas de internet. La vigilancia constante permite detectar movimientos sospechosos con mayor rapidez y reducir el impacto económico.
En caso de identificar irregularidades, es fundamental reportar de inmediato la situación al banco y al Buró de Crédito, que cuenta con un plazo de hasta 29 días para investigar y resolver el caso. Si se confirma que el crédito fue fraudulento, este se elimina del historial de la persona afectada.
“Si el banco te da la razón, te va a notificar. Te va a enviar un reporte actualizado, que también manda a Buró, y a todos los que vieron tu reporte en los últimos seis meses para que conozcan los cambios”, explicó Erhardt Varela.
El proceso de reclamación contempla la posibilidad de realizar hasta dos solicitudes gratuitas al año ante el Buró de Crédito. A partir de la tercera reclamación, se aplica un costo de 89 pesos por cada trámite adicional.
Además, las víctimas pueden presentar denuncias sin costo ante distintas instituciones públicas, dependiendo del tipo de fraude. La Condusef atiende casos relacionados con servicios financieros; la Profeco interviene en conflictos comerciales; y la Prodecon brinda apoyo en asuntos fiscales.
El vocero subrayó que la prevención es clave para evitar este tipo de delitos, por lo que insistió en la importancia de monitorear de manera periódica el historial crediticio y reportar cualquier actividad sospechosa. La detección temprana no solo facilita la resolución del problema, sino que también reduce el riesgo de que las víctimas acumulen deudas que no les corresponden y que puedan afectar su estabilidad financiera a largo plazo.