Taxistas protestaron
Taxistas del Distrito Federal protestaron frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contra la empresa Uber y Cabify y los llamados taxis piratas.
Los inconformes piden que deje de operar la empresa Uber, así como las unidades piratas, ya que les quitan fuentes de empleo e ingresos, además de que, aseguran, violan los artículos 258 y 260 de la Ley de Movilidad.
Frente a la dependencia capitalina realizaron una conferencia donde dan seguimiento a la denuncia que interpusieron contra el secretario de Movilidad, Rufino H. León Tovar el pasado 10 de diciembre.
Juez sentencia a dos por secuestro exprés
El Juez 16 penal con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente sentenció a dos sujetos acusados del delito de secuestro exprés agravado en perjuicio de varias personas.
Enrique Muñoz Juárez fue condenado a 125 años de prisión y también deberá pagar una multa de 672 mil 900 pesos, informó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En tanto a su cómplice, identificado como Pedro Alexander Ramos Reyes, se le dictó sentencia de 50 años de cárcel y se le impuso una multa de 269 mil 160 pesos, añadió la dependencia en un comunicado.
En las denuncias presentadas por los agraviados se estableció que entre abril y junio de 2014 los sentenciados concertaron citas por teléfono con empleados de empresas dedicadas a la venta o renta de viviendas.
De acuerdo con las investigaciones cuando los promotores inmobiliarios les mostraban los departamentos eran despojados de sus pertenencias y vehículos, además de que los privaban de la libertad.
Las sentencias se dieron como resultado de las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público, que fueron analizadas y avaladas por el juez de la causa.
PGJDF fija acciones contra tortura y para solución de controversias
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dio a conocer dos oficios relativos al delito de tortura cometidos por servidores públicos y la aplicación de mecanismos alternativos en la solución de controversias.
La PGJDF instruye al personal ministerial de la Agencia Especializada de Investigación para el Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, sobre el procedimiento a seguir para indagar la existencia de dicho acto ilícito.
Destaca que una vez que reciba la información de la existencia del ilícito, solicitará a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito la designación de perito médico y psicólogo, a fin de que emita el dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura.
La circular refiere que las y los servidores públicos que intervengan en la investigación del delito deberán actuar con perspectiva de género y, de ser el caso, en atención al principio relativo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
Precisa que la Visitaduría Ministerial vigilará el cumplimiento de este instrumento, y en caso de inobservancia, informará a la Contraloría Interna, para que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.