Sin precisar la cantidad de dinero mensual que se le proporcionó a la mayoría de las personas que se acogieron a la figura de "testigos colaboradores", la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que entre 2006 y 2012 se registró un total de 379 protegidos.
La dependencia precisó que la información fue proporcionada a una particular; sin embargo, ésta se inconformó porque no le dieron los nombres de narcotraficantes adscritos a ese programa.
Dicha persona habría solicitado entre otros datos, el nombre de los narcotraficantes adscritos a dicho programa; organización delictiva a la que pertenecían; utilidad de la información que proporcionaron; beneficio que obtuvieron los narcotraficantes por ser testigos colaboradores, y requisitos o condiciones que tuvieron que cumplir para poder ser testigos colaboradores.
La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, respondió que durante el tiempo requerido se cuenta con el registro del número de testigos colaboradores de manera general, y no a nivel de detalle como lo solicitó la particular.
Al respecto, proporcionó un cuadro estadístico en el que indica que, de 2006 a 2012, se han registrado un total de 379 testigos colaboradores: 43, en 2006; 50, en 2007; 57, en 2008; 61, en 2009; 43, en 2010; 60 en 2011, y 65, en 2012.
En el texto se precisó que el recurso de revisión fue turnado a la comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño dado que en alegatos, la PGR dijo que los nombres de dichos testigos están reservados por 12 años, por encontrarse inmersos en averiguaciones previas, en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
Posteriormente, en un alcance a su respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información relativa a los miembros de la delincuencia organizada que prestaron ayuda para las investigaciones, así como el grupo o banda al cual pertenecían, y la utilidad que tuvieron sus datos.
En el análisis jurídico del caso, la comisionada Pérez-Jaén realizó una búsqueda de información en el portal electrónico del sujeto obligado y localizó dos boletines de prensa, en los cuales la propia PGR ha publicado los nombres de algunos narcotraficantes que formaban o siguen siendo parte del programa de testigos colaboradores; tal es el caso de los Edgar Enrique Bayardo del Villar y Jesús Zambada Reyes.
En este sentido, a propuesta de la comisionada María Elena Pérez-Jaén, el Pleno del IFAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una búsqueda en sus comunicados de prensa y entregue aquellos en los cuales se adviertan los nombres de los testigos colaboradores relacionados con el narcotráfico, durante el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2012.
Lo anterior, en el entendido de que la información difundida en medios oficiales, no pierde dicha naturaleza, puesto que ya es del conocimiento público.
No obstante, por lo que hace a los nombres de los testigos colaboradores que no han sido difundidos, el Pleno determinó reservarlos, ya que darlos a conocer pondría en riesgo la integridad física de dichas personas y sus familias, así como las investigaciones en curso.