Ciudad de México, México, 23 de junio de 2025 ::: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó transferir
las facultades del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para que realice la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.
Morena y sus aliados avalaron, en lo general, las reformas a la Ley General de Desarrollo Social, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental por 353 votos a favor y 126 en contra de la oposición.
Con las modificaciones se derogaron los artículos 75, 76 y 77 de la Ley General de Desarrollo Social, que establecían que los indicadores de resultados deberían reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas sociales; y dichos indicadores deberían someterse a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que emitan recomendaciones.
También se quita de la ley la facultad que tenía el Coneval de corregir, modificar, adicionar, reorientar o suspender total o parcialmente los programas sociales, que estaba establecida en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social.
Asimismo, se retiró a la Cámara de Diputados la facultad de reducir el presupuesto de los programas sociales “en los casos y términos que establezca” al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Y se confiere al Inegi la facultad de establecer los lineamientos y criterios técnicos para las metodologías de evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.
“El Instituto llevará a cabo la actualización de los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, procurando la homogeneidad y comparabilidad de la información”, detalla el dictamen.
El diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) refirió que la reforma representa un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social.
Por su parte, la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que con el nuevo diseño no desaparece la evaluación de programas sociales, sino que se amplía y se democratiza.