Ciudad de México, México, 25 de junio de 2025 ::: El Senado aprobó este miércoles modificaciones a la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el propósito de reforzar la vigilancia financiera y combatir el lavado de dinero.
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, las reformas fueron aprobadas en el pleno del Senado, en medio de un contexto influido por recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas.
El dictamen tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre distintas dependencias para investigar y sancionar operaciones con recursos ilícitos. Entre las principales modificaciones, se amplía el alcance de la ley para incluir el financiamiento al terrorismo, se incorporan conceptos como "beneficiario controlador" y "persona políticamente expuesta", y se exige a quienes realicen actividades vulnerables que identifiquen, supervisen y reporten operaciones sospechosas.
Asimismo, la reforma busca mejorar la coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e internacionales, para prevenir tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo. También se otorgan facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) para supervisar actividades consideradas de riesgo, y se requiere el uso de sistemas automatizados para vigilar transacciones de clientes clasificados como de alto riesgo.
Otros cambios incluyen ampliar de cinco a diez años el periodo obligatorio para conservar documentación relevante, así como permitir auditorías proporcionales al nivel de riesgo identificado.
En el ámbito penal, se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal y se mantiene la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para presentar denuncias cuando se detecte el uso del sistema financiero con fines delictivos.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó que la reforma tiene un enfoque preventivo, no persecutorio, y busca evitar que fondos ilícitos ingresen al sistema financiero nacional. También recordó que estas medidas responden a compromisos adquiridos por México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Estas reformas surgen tras las acusaciones del Tesoro estadounidense contra las instituciones CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a quienes vinculan con presuntas operaciones ilícitas. Las entidades han rechazado dichas acusaciones, mientras que la Secretaría de Hacienda aclaró que, aunque el Tesoro informó a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha presentado pruebas concluyentes sobre los supuestos vínculos.
Hasta ahora, tanto el Gobierno como las instituciones financieras mexicanas han señalado que las únicas operaciones comprobadas son transferencias comerciales ordinarias entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente registradas, dentro del marco de un comercio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
Finalmente, la reforma será turnada a la Cámara de Diputados para su revisión y posible aprobación, antes de ser promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicada oficialmente para su entrada en vigor.