Ciudad de México, México ::: 21 de mayo de 2026 ::: La Secretaría de Hacienda informó que un tribunal de
Florida falló a favor del Estado mexicano para la restitución de recursos vinculados al exsecretario de Seguridad. La UIF detalló que el monto recuperado corresponde a contratos públicos ilícitos obtenidos mediante esquemas de corrupción.
García Luna, de 57 años, fue el máximo responsable de la seguridad pública bajo el Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), época en la que lideró la estrategia de la conocida como "guerra contra las drogas".
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Luna fue arrestado en Dallas en 2019, y en 2023 un jurado en Nueva York lo declaró culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico y de mentir en su solicitud de ciudadanía estadounidense, por lo que cumple una condena de casi 39 años de prisión.
Aunque sus abogados han apelado la sentencia que cumple en EU por narcotráfico reclamando violaciones al debido proceso, García Luna continúa arrestado.
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La SHCP explicó, en un comunicado, que la resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg, ligada al entonces funcionario, y a empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares como "reparación del daño patrimonial" ocasionado al Estado mexicano por la llamada "trama corrupta".
Asimismo, detalló, que durante el proceso se acreditó la intervención de personas físicas y morales, quienes participaron en "mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos".
Precisó también que durante el proceso se integró "un amplio acervo probatorio conformado por documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional".
La UIF aclaró que dicha resolución se suma a las sentencias previamente obtenidas en contra de García Luna y su cónyuge, Cristina Pereyra, dictadas por la jueza estadounidense Lisa Walsh en mayo de 2025, por un monto superior a dos mil 448 millones de dólares.
"El monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de tres mil 067 millones de dólares, consolidándose como una acción de recuperación relevante", señaló el texto.