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Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), lamentaron la falta de respuesta de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal  (CGGDF), y la Fiscalía Especializada para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), porque este miércoles 17 de julio, suman  213 días de que se conocieron las primeras pruebas de actos de  Mauricio Toledo, titular de la delegación política en Coyoacán, por corrupción sin que hasta la fecha se haya sancionado al funcionario.

Envenenan la ciudad de México, con el tiradero y sepultamiento clandestino de desechos biológicos de manejo especial del Hospital Ángeles del Pedregal por parte de trabajadores de limpia adscritos a la Delegación La Magdalena Contreras.

A pesar de las denuncias presentadas por habitantes de la zona a ausencia de la investigación de las faltas administrativas y los delitos ambientales, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 13/2013.

 La recomendación fue dirigida a la Jefatura Delegacional en La Magdalena Contreras, a la Contraloría Interna de dicha demarcación y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

 Luego de su investigación, la CDHDF constató la violación al Derecho a un medio ambiente sano con relación a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, y del derecho al acceso a la justicia ambiental con relación a la debida diligencia y el plazo razonable.

En los puntos recomendatorios destaca la elaboración de un censo de tiraderos clandestinos para erradicar su existencia en la demarcación, el rescate ecológico y el mejoramiento barrial, así como iniciar el procedimiento disciplinario administrativo para sancionar a los servidores públicos responsables de haber ordenado el depósito y sepultamiento clandestino de los residuos hospitalarios de manejo especial.

El 14 de julio de 2011, a través de correo electrónico, este Organismo recibió queja mediante la cual se informó que varios trabajadores de limpia adscritos a la Delegación La Magdalena Contreras fueron obligados bajo amenazas a retirar ocho toneladas de residuos sólidos del Hospital Ángeles del Pedregal para posteriormente sepultarlos con asfalto bajo el estacionamiento techado del Campamento de Limpia, en la calle Ojo de Agua sin, en la colonia Lomas de San Bernabé.

Es importante señalar que frente a las instalaciones de dicho Campamento se ubican la estación de bomberos, dos escuelas; en la parte trasera hay campos de futbol y hacia abajo hay una barranca, hacia arriba a no más de un kilómetro se inicia la franja del suelo de conservación con un bosque mixto.

Solicitan informes a autoridades

Para documentar su investigación la CDHDF solicitó informes a las autoridades locales y delegacionales;  llevó a cabo una inspección ocular en el Campamento de Limpia de la Delegación, así como en los alrededores; analizó dictámenes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),  de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) de la PGJDF y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT).

Revisó y valoró diversos documentos oficiales, tales como los acuerdos, notificaciones, resoluciones de las instancias antes señaladas y también revisó el Manual de Manejo de Residuos Sólidos del Hospital Ángeles del Pedregal.

Para la CDHDF el derecho humano a un medio ambiente sano es un tema fundamental ya que toda actividad social, cultural o económica tiene una estrecha vinculación con un territorio, un entorno natural y sus procesos ecológicos que proveen bienes y servicios para las personas. Sin la conservación adecuada del ambiente, se trastocan condiciones básicas para la sobrevivencia, el desarrollo pleno y la convivencia pacífica de las sociedades.

Proteger el ambiente de cualquier forma de degradación es indispensable, y el tema de los desechos sólidos, comúnmente denominados “basura” continúa siendo un reto para las autoridades de todos los niveles de gobierno, a pesar de las normas, los programas de atención y planeación tendientes al manejo optimizado y regulado de esos desechos.

La obligación de adoptar medidas preventivas para evitar el depósito de residuos que puedan causar daño al ambiente o a la salud humana, así como la transferencia de contaminantes de un sitio a otro,  no ha sido atendida.

Los programas de manejo que son obligatorios para los grandes generadores como por ejemplo hospitales, son ignorados o se implementan parcialmente, por la ausencia de políticas efectivas de vigilancia, evaluación y seguimiento por parte de las autoridades medioambientales.

GDF involucrado

Las autoridades del Distrito Federal involucradas en el presente caso deben cumplir con sus obligaciones en esta materia; la política pública no puede ser solamente un conjunto de normas y programas sin relación, evaluación y seguimiento permanente, la efectiva aplicación de la administración pública en materia de desechos urbanos y su inminente relación con el derecho humano a un medio ambiente sano debe replantearse en la crítica de sus fracasos.

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Un tiradero clandestino de residuos hospitalarios de origen privado, dentro de infraestructura delegacional; acusaciones a funcionarios públicos que atisba un asunto de corrupción; aunado a la contaminación producida en el suelo y a la posible contaminación de los mantos freáticos, es un claro ejemplo del fracaso institucional y del incumplimiento de las obligaciones de las autoridades.

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Los operativos que está realizando el Gobierno de la Ciudad de México son sólo de “maquillaje”, porque la presencia de vendedores informales en numerosas calles del primer cuadro de la ciudad sigue incrementándose.

Guillermo Gazal, presidente de Procentrhico, dijo que lo anterior ante al enfrentamiento que tuvo lugar el pasado viernes 12 de julio en las calles del Carmen y Apartado, en donde cuatro policías y dos vendedores ambulantes resultaron lesionados.

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Mientras que las autoridades correspondientes, diputados locales y federales, u principalmente los encargados de la seguridad de la Ciudad de México, no acepten que el crimen organizado ya tiene sus cimientos en el Distrito Federal, este tomando fuerza y más adelante será difícil de controlar.

El comisionado Nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, dijo la verdad y no pudo haber incurrido en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al afirmar que grupos del crimen organizado operan en la ciudad de México.

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Niños desde los primeros días de nacidos ya están condenados a purgar una pena, por delitos que jamás cometieron, en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, donde sus madres fueron condenadas hasta a 50 años de prisión.

Como suele suceder, por lo general los hijos pagan los errores de los padres, y los condenan al encarcelamiento, aunque nada tuvieron que ver con los delitos que cometen las madres solteras.

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Las políticas públicas dirigidas hacia el campo deben de tener una visión con enfoque integral, donde destaque la coordinación de los diferentes niveles de gobierno así como la opinión y participación de los productores campesinos, quienes aportan la situación real del campo, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), Hegel Cortés Miranda.

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Enrique Luna Portilla

Al ser acusada por los ganadores de la licitación de cancelar injustificadamente la entrega de 240 mil laptops a alumnos de primaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que su decisión fue apegada a lo indicado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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