En política, las reglas del juego son tan importantes como el juego mismo. Cuando se reforma el sistema electoral,
no se está ajustando un trámite administrativo: se está redefiniendo la forma en que se accede al poder, el árbitro que califica y el juego democratico mismo. Por eso, cualquier reforma en esta materia exige una discusión profunda, técnica y, sobre todo, honesta.
La reforma electoral que hoy se comienz a discutir, nos la quieren vender bajo el argumento de reducir costos, simplificar estructuras, eliminar burocracia y “hacer más eficiente” la democracia. Nada mas alejado de la verdad, en un país con enormes carencias sociales, hablar de austeridad suena políticamente correcto. Sin embargo, la democracia no es un gasto ornamental. Es un sistema de garantías. Y las garantías, por definición, cuestan, operar una elección en México es caro, pero no garantizar equidad nos va salir mas caro aún, aprovecho para recomendar aquí el último arículo de Lorenzo Córdova en el Universal, donde desmitifica esta mentira que ha repetido la presidenta mil veces sobre que tenemos las elecciones mas caras del mundo y resulta que si consideramos el costo contra el número de electores, es mas cara una eleccion en Aregentina, Brasil, Chile y hasta Costa Rica, consulten sas cifras.
Durante décadas, México construyó un modelo electoral cuyo objetivo central fue evitar la concentración del poder en una sola fuerza política. Lo ha repetido mil veces el Senador “Alito” Moreno dirigente del PRI, si en algo trabajo su partido la última década que estuvo en el poder, fué en abrir el juego democrático y en asegurar elecciones paticipativas, libres y parejas, no lo podemos desmentir, cando gracias a ellas el PRI abrió el país a la alternancia y llego al poder primero el PAN y después Morena.
La transición democrática implicó quitarle al gobierno el control directo de las elecciones y crear un árbitro autónomo: el INE; Su función no es política, sino técnica: organizar elecciones, fiscalizar recursos, garantizar equidad y dar certeza jurídica a los resultados.
El problema de fondo no es si el sistema puede perfeccionarse —toda institución es perfectible—, sino si los cambios propuestos fortalecen la competencia o la reducen.
Entre los elementos que se han planteado públicamente destacan la reducción de la estructura del órgano electoral, la posible desaparición o debilitamiento de instancias locales, modificaciones en la designación de consejeros, ajustes al financiamiento público de los partidos y cambios en la representación proporcional en el Congreso. Cada uno de estos puntos, por separado, puede ser objeto de debate técnico. Pero en conjunto configuran una transformación estructural del equilibrio político, que solo beneficia al partido en el poder, bandazo y retroceso histórico de 50 años, regresar a tener un partido de estado, con una oposición presente solo para la foto donde se justifique la cada vez más descarada dictadura que busca con todo ahínco el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Reducir el financiamiento público, por ejemplo, es una bandera popular. La ciudadanía observa con recelo los recursos que reciben los partidos. No obstante, ese financiamiento tuvo una razón histórica clara: evitar que intereses privados, incluso ilegales, capturaran la política. Cuando se debilita el financiamiento público sin fortalecer mecanismos de fiscalización, se abre la puerta a que el dinero sucio de los crteles que puede fluir a carretadas por que compra lealtades, influya con mayor peso en elfuturo del país. Además, los partidos pequeños o de oposición quedan en una situación de aún mayor desventaja frente a la fuerza política que ya gobierna y cuenta con exposición permanente.
En paralelo, modificar las reglas de representación proporcional impacta directamente en la pluralidad legislativa. La representación proporcional no es un capricho; es el mecanismo que permite que minorías tengan voz en el Congreso. Sin ella, las mayorías pueden convertirse en mayorías absolutas, aun cuando no representen a la totalidad del electorado. El pluralismo se debilita y la deliberación democrática pierde representatividad. Se legisla por y para Morena como lo estamos ya viendo hoy con su propia e ilegal sobre representación en las cámaras.
El punto más delicado es el árbitro. En cualquier democracia, quien organiza y valida la elección debe estar protegido de presiones políticas. Si los mecanismos de designación o remoción de autoridades electorales quedan sujetos a mayorías legislativas coyunturales, el riesgo es evidente: Un árbitro vendido sin independencia real o percibida. Y en democracia, la percepción de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma.
No es necesario suprimir partidos para generar un modelo de partido dominante. La historia enseña que basta con ajustar reglas, debilitar contrapesos y reducir márgenes de competencia. México vivió durante décadas bajo un esquema donde existían partidos formales, pero la competencia era asimétrica. La alternancia llegó precisamente cuando se fortalecieron las instituciones y se equilibraron las reglas y esto fué un gran logro para la Democracia Mexicana. (Así, con mayúsculas)
La discusión actual no debería reducirse a consignas. No se trata de defender estructuras por inercia ni de asumir que toda reforma es regresiva. Se trata de evaluar si el rediseño institucional de la Reforma Electoral, amplía la participación o concentra poder. Si las modificaciones conducen a menor pluralidad, mayor control político sobre el árbitro y debilitamiento de la oposición, el resultado práctico sería una reducción de la competencia efectiva y eso es exactamente lo que busca Morena.
Las democracias no se erosionan siempre con rupturas abruptas. Muchas veces cambian gradualmente, a través de reformas legales que parecen técnicas o administrativas. El desafío está en distinguir entre modernización institucional y reingeniería del poder.
Las reglas democráticas deben diseñarse pensando en la alternancia, no en la permanencia. México ha construido, con dificultades y errores, un sistema electoral que permitió competencia real y transiciones pacíficas. Cualquier reforma debe partir de ese logro y fortalecerlo, no ponerlo en riesgo. La austeridad puede ser legítima; la concentración del poder, no.
La democracia no es perfecta, pero su valor radica en que nadie la controla por completo. En la medida en que las reglas preserven esa pluralidad y ese equilibrio, el país avanzará. Si las reglas reducen la competencia y favorecen la hegemonía, estaremos ante un cambio de modelo de gobierno y de país sin contrapesos, sin alternancia y con leyes y congresos a modo, ese definitivamente no es el país al que debemos aspirar.