Columna en votación económica
Con mi reconocimiento a la Maestra Ifigenia Martínez y Hernández
Para nadie es ajeno que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el órgano legislativo más opaco y discrecional de la República Mexicana. La mayoría que en ella la ciudadanía ha otorgado temporalmente al PRD ha sido entendida por las tribus como un cheque en blanco para servirse con la cuchara grande de los recursos públicos y concretar cuanta ocurrencia se les presente. Pero parece que ese imperio de impunidad empieza a resquebrajarse.
Diversas voces al interior del PAN y del PRI han propuesto incluir en la reforma política que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ha colocado en la agenda pública, un apartado referente al fortalecimiento de la democracia y la transparencia al interior de la Asamblea Legislativa, en particular de su Comisión de Gobierno que es el órgano de autoridad más importante del recinto de Donceles.
Se trata de un rebase por la izquierda el que pretenden hacer el blanquiazul y el tricolor al sol azteca, cuyo dirigente nacional, Jesús Zambrano, se ha dedicado recientemente a criticar supuestos actos antidemocráticos e “imperiales” de gobernadores del PRI, sin voltear a ver el cochinero en que se ha convertido la capital de la República.
Uno de esos mecanismos consiste en reformar el artículo 50 del Estatuto de Gobierno del D. F. para establecer la renovación anual del titular de la Comisión de Gobierno de la ALDF, con lo cual se evitaría que por tres años los cuantiosos recursos de la Asamblea sigan siendo el cochinito de los grupos corporativos y tribus del PRD. Y es que por los corrillos se comenta que la hoy senadora Alejandra Barrales conoce muy bien lo que se puede hacer con el millonario presupuesto del órgano legislativo de la Ciudad.
También ha trascendido que el jefe de gobierno ha tratado de obstaculizar el avance de esta propuesta en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, incurriendo con ello en el supuesto contemplado en el artículo 66 del Estatuto de Gobierno, en el que se señala que son causas graves para la remoción del jefe de gobierno capitalino incurrir en contravención de actos legislativos e invadir la esfera de competencia de los Poderes de la Unión.
Por ello, de insistir en su intento por frenar la llegada de la rendición de cuentas, transparencia y aplicación de la ley en el territorio impune que hoy es la ALDF, Miguel Ángel Mancera se estaría jugando no sólo su cargo, sino sobre todo su futuro político.
A todo rey despótico y arbitrario le llega la hora y hoy le está llegando a lo que queda del PRD capitalino, que a lo largo de 26 años ha hecho lo que ha querido en la Ciudad de México y que de izquierda ya no tiene nada.