Lamenta Peña que policías estén estigmatizadas

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El gobierno federal no está para reemplazar o sustituir las tareas en materia de seguridad que les compete a los órganos de seguridad pública de los gobiernos locales, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.


Reconoció que es lamentable que a veces las instituciones policiacas estén estigmatizadas y señaladas por el mal desempeño de algunos de sus elementos, y que por otro lado “a veces estemos alejados de premiar, de reconocer y de valorar el esfuerzo estoico de muchas y muchos policías que arriesgan su vida todos los días para brindar seguridad a la sociedad mexicana”.


Hizo hincapié en que el gobierno de la República no elude su responsabilidad en ese tema, pero tampoco puede ser sustituto de las responsabilidades propias de las instituciones de los estados y municipios.

La seguridad es “una tarea que nos compete a todos, que a todos los órdenes de gobierno involucra”, expuso durante el Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas. Por la Seguridad, Ciudadanos + Policías.

Todos tenemos la responsabilidad, con las organizaciones de la sociedad civil, de mejorar las condiciones de seguridad para la sociedad mexicana, abundó el mandatario.

“No es una tarea única del gobierno de la República, sino que convoca a los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno”, insistió Peña Nieto en el foro celebrado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

En compañía del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reconoció el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad por mejorar las condiciones de seguridad de todos los mexicanos.

Dichas organizaciones demuestran su interés en adherirse a los gobiernos para contribuir a la tarea de lograr “una reducción sensible en los niveles de violencia que hasta hace poco estábamos observando en nuestro país”.

El jefe del Estado Mexicano destacó que existe una disminución en los niveles de violencia en el país, sobre todo se reportan menos homicidios dolosos, mientras que en aquellas entidades señaladas por tener altos índices de este delito y violencia hoy “el rostro es otro”.

Durante el acto al que asistió la presidenta de la organización Ciudadanos por una Causa en Común, María Elena Morera, puso como ejemplo los casos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El mandatario destacó que en esas entidades ha habido una reducción de la violencia, aunque reconoció que no se ha llegado a los objetivos trazados y por ello no se debe cejar en el esfuerzo de abatir esos niveles de agresión.

El gobierno federal recoge las propuestas de organizaciones de la sociedad civil sobre tareas que corresponden al Ejecutivo federal, en conjunción con los gobiernos locales, para lograr que los gobiernos en todos los órdenes trabajen con un mismo propósito, sometidos al escrutinio público y a la evaluación constante de la ciudadanía.

Fue firme al señalar que su gobierno “no rehuye, sino por el contrario, hace suya esta demanda de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil para estar siempre sometido a una evaluación y poder apreciar los avances”, así como dónde se deben focalizar los esfuerzos y dónde se debe mejorar, aseveró.

También hizo mención a la capacitación de las corporaciones policiacas y al Programa Rector de Profesionalización, que se aplica desde el año pasado y ha permitido avanzar en la formación de sus mandos, lo que va en consonancia de la aplicación del nuevo sistema penal.

SOBRE LA MARIGUANA

En el acto el presidente Peña Nieto también informó que giró instrucciones para que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), organice un debate amplio sobre el consumo de la mariguana.

La decisión se tomó a partir de una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que amparó a cuatro personas para que puedan cultivar y consumir de modo recreativo esa sustancia.

El mandatario comentó que este debate podrá definir cuáles pudieran ser las políticas y acciones que como Estado se deben tener sobre el consumo de dicha planta.

Se debe ir más allá de lo que ha sido la resolución de orden judicial, afirmó el Ejecutivo federal, quien subrayó que en el debate especializado deberán participar sociólogos, médicos, académicos y organizaciones que conozcan de este tema.

Fue enfático al recordar que el fallo de ese alto tribunal sostiene que este estupefaciente sí genera efectos dañinos a la salud, pero desde la perspectiva de los derechos humanos no se puede negar que las personas hagan uso de su libertad para consumirla.

Reiteró además la posición de su gobierno respecto a que esta sentencia de ninguna manera significa la legalización de la mariguana, pero que abre la posibilidad a un amplio debate para definir las políticas que se deben asumir sobre este tema.