El pasado martes la Cámara de Diputados reavivo un añejo dictamen y sorpresivamente aprobó con 292 votos a favor, una abstención y 100 en contra reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución con lo que supuestamente otorga derecho de movilidad universal a toda persona, bajo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
En apariencia no habría mayor necesidad de reformas que ofrecieran tales garantías a la ciudadanía, salvo que la llamada Ley de Movilidad, esconde tintes represores, les da a los gobiernos federal, estatales y municipales las herramientas jurídicas para contener hasta con uso de violencia las manifestaciones de protesta social y política.
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó hace más de siete meses, el 24 de abril pasado, el dictamen subido al pleno el martes anterior por el PRI y el PAN. El PRD, PT y MC, se opusieron pero nada lograron.
Se debe señalar la triste participación de los diputados del PRD, especialmente de Amalia García, integrante de esa comisión quien aprobó el dictamen y sorpresivamente en el pleno advirtió los peligros de la nueva ley, en la que se sostiene que “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad”.
Poca agudeza y responsabilidad mostró la exgobernadora de Zacatecas, que tardíamente se dio cuenta de los peligros de las reformas aprobadas por ella misma en comisiones y ahora en su afán protagónico criticó, pero lo cierto es que solo busca no perder vigencia hoy que busca ser delegada de Miguel Hidalgo, amparada en su tribu Nuevo Sol.
La iniciativa ya está en el Senado y veremos si ahí sí, el PRD se opone con firmeza o solo hará la faramalla como en la Cámara de Diputados. Veremos si senadores como Alejandro Encinas o los petistas Manuel Bartlett o Layda Sansores logran impedir que con esta ley se repriman las movilizaciones por la vía de la “justicia” y se coarte los actos legítimos de protesta.
Ojalá y el propio PRI se dé cuenta de lo que pretende en momentos en que la crispación social y política esta como está con los muertos de Iguala porque no se puede tratar frenar el descontento social con cambios a la Constitución Política que solo agravarían las cosas.
SUSURROS.- Seguramente el presidente Enrique Peña Nieto no escucha a sus asesores o carece de ellos porque bajo las actuales circunstancias haber dicho en el Tercer Encuentro de la Comunicación que para él “es motivo de orgullo tener a una empresa mexicana” como Televisa “que proyecta a México en el mundo” y manifestarle gratitud, es, por decir lo menos, políticamente incorrecto o de plano ya no le importa su imagen… Y ya que hablamos de Televisa, la revelación hecha por Proceso de que son los gobiernos estatales los que mantienen los gastos de los CRIT, echa por tierra la argucia de la televisora de que son las aportaciones de los particulares las que ayudan a los niños, ¿Qué harán con ellas? Tan solo entre los estados de México, Quintana Roo y Sonora aportan a los CRIT 872 millones de pesos, por ello sostenemos que al Teletón le falta la T de transparencia y le sobra la de Televisa… La confirmación de que los restos enviados a Innsbruck sí corresponden a uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala, a Alexander Mora Venancio de 19 años, no alivia la tensión ni las presiones al gobierno federal, los padres de los 43 normalistas y muchos grupos más mantienen la exigencia de que Peña renuncie.