Los casos de Michoacán, Guerrero, Veracruz y otros varios estados más evidencian el alto grado de corrupción que se vive en la administración pública, entre los legisladores y en los partidos políticos.
Por desgracia el Distrito Federal no escapa a ese desprestigio.
Por parte de funcionarios perredistas, se pueden mencionar los casos del delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, acusado de extorsión; el extitular de la Seduvi, que fue renunciado al cargo bajo sospechas de compras amañadas; los señalamientos a la delegada de Iztacalco, Elizabeth Mateos, de rasurar los sueldos de sus colaboradores y muy recientemente el escándalo de Jesús Valencia sorprendido en posesión de camionetas de sus proveedores.
Y qué decir del PRI, donde el mismo presidente de ese órgano político, Gutiérrez, fue acusado de armar una red de prostitución y trata, al amparo del tricolor.
Por su parte el PAN que al arranque del gobierno de Mancera se mostraba muy acusador contra cualquier corruptela, actualmente está sumido en el desprestigio.
En la delegación Benito Juárez, Jorge Romero, solapó y trató de ocultar sospechosas relaciones de dos de sus principales colaboradores que en Brasil fueron apresados por acosar a una mujer y golpear a su esposo, junto con un directivo de una empresa contratista de la Delegación.
Pero quizá el más emblemático de todos los casos es el recién aparecido del diputado local Edgar Borja, que exhibe abiertamente el sentir y pensar del panismo al advertir que no quiere estar en la lista de los pendejos por haber perdido una licitación a modo de la que obtendrían 700 mil pesos.
Bajo estas condiciones de serio desprestigio de quienes están en los puestos de poder de gobierno y legislativo en la capital del país se llevarán a cabo los comicios para renovar la Asamblea Legislativa y las 16 Jefaturas Delegacionales.
¿En quién podrá confiar el elector bajo estas condiciones?
Quizá la mejor campaña que puedan hacer quienes legítimamente aspiren a un puesto de elección popular sea la de transparentar su vida pública y sus bienes materiales, probar que no hay recursos ilegítimos en su haber con pruebas claras y evidencias públicas. Claro que esto no lo hará nadie.
Ambientes y Barrios
El ambiente que priva en el medio político local es de gran incertidumbre porque corren los rumores que los gobiernos Federal y de la Capital tienen grabaciones comprometedoras de prácticamente todos los aspirantes a Delegados y Diputados, lo que los pone a temblar. Esa información será usada para bajar o subir candidatos pero lo peor del caso es que no es usada para castigar a los corruptos. La impunidad campea alegremente.
Ya veremos si efectivamente el procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, cumple con su obligación y consigna a todos los implicados en el encubrimiento del asesinato de la empleada de Liverpool, Angélica Romero, cometido en el interior de una tienda de esa cadena en Perisur. Si se apegan a la ley muchos son los que deberán ser detenidos no solo por encubrimiento sino corresponsabilidad en los hechos.
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