Para nadie es un secreto que el 2015 es un año difícil en lo económico. La aguda disminución en los precios del petróleo, la devaluación del peso y la insuficiente cobertura petrolera, tan cacareada por Luis Videgaray, hacen prever un recorte en el presupuesto hacia el segundo semestre del año.
La propia secretaría de Hacienda anticipó desde el pasado año la posibilidad de reducir el presupuesto en el segundo semestre y los mandones del sector privado, a través de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, han hecho un llamado a redoblar la prudencia y anticiparse a los riesgos mediante la reingeniería del ejercicio presupuestal, en todos los niveles de gobierno.
Para todos los analistas económicos es indispensable que el gobierno ajuste el presupuesto mediante una política de austeridad que permita ahorros sustanciales y también una sensible disminución en el gasto corriente.
Las partidas de propaganda, publicidad y comunicación social en general deben recortarse al máximo al representar un gasto no prioritario y lo mismo debe suceder con los proyectos de inversión superfluos (que hay muchos) y con los proyectos de infraestructura no indispensables.
Sin embargo ni el gobierno federal ni los estatales o municipales han implementado un solo programa de austeridad ni siquiera de racionalidad en el gasto, lo cual es una absoluta irresponsabilidad de parte de las autoridades de Hacienda, a nivel nacional, y de las tesorerías de Estados y Municipios, que dicho sea de paso cada día se endeudan más
Otro campo que mucho ayudaría eficientar el ejercicio presupuestal y evitar desvíos o hasta auténticos robos al erario, es la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad, pero en tales campos tampoco se hace algo. Todo es verborrea, encubrimiento y complicidad.
Los múltiples y frecuentes escándalos de corrupción a nivel federal (las casas de Peña, Rivera y Videgaray) o estatal y municipal (del PRI, PAN y PRD) no han frenado la corrupción ni los evidentes conflictos de interés, lacras que provocan un encarecimiento injustificado de las obras para poder cubrir las comisiones, diezmos o moches que entre funcionarios y empresarios corruptos se reparten.
Y de austeridad, racionalidad y eficiencia en el gasto nada. ¿A quién le importa?
AHORROS
El caso Ficrea, además de exhibir a malos funcionarios públicos que no hicieron una correcta, efectiva y oportuna supervisión bancaria, como Jaime González Aguadé, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Alberto Bazbaz , de la Unidad de Inteligencia Financiera y Mario Di Constanzo, de la Condusef, obliga a una revisión del marco legal. Resulta a todas luces insuficiente la cobertura que a los ahorradores de instituciones de ahorro populares se ofrece de solo 25 mil Udis, que al menos debería ser igual a la de la banca comercial que es de 400 mil Udis, pero sobre todo que exista la obligación de los agentes financieros de señalar de manera explícita a sus clientes antes de invertir que en casos de quiebra o intervención gubernamental solo recuperarían parte de su dinero cuando sus depósitos excedan tales cantidades.
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